En tanto, otras dos mujeres involucradas en el caso, no se presentaron a la audiencia de apertura de la investigación penal preparatoria de juicio. En consecuencia, la representante de Fiscalía solicitó la programación de un nuevo acto judicial a los mismos fines y efectos, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública. El Ministerio Público Fiscal obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación.
La sospechosa y su asesor legal, el abogado particular Néstor Adrián Coronel, participaron de la audiencia mediante conexión telemática desde la Oficina Judicial de Trelew. En tanto, la imputada, informó que actualmente se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Madryn.
Al inicio del acto judicial, la Fiscal Barrionuevo relató los hechos que figuran en la pieza de pedido de apertura. En este sentido, indicó que el caso debe ubicarse temporalmente entre los meses de junio de 2021 y enero de 2022.
En ese período, el damnificado utilizó la red social Facebook y estableció contacto con una usuaria identificada como “Aldana Gutiérrez”.
Luego de intercambiar varios mensajes, continuaron la comunicación en la red social WhatsApp. En ese contexto, intercambiaron fotos y videos íntimos.
En tanto, el 20 de agosto de 2021, el denunciante recibió una llamada de WhatsApp. Cuando respondió, una persona se identificó como “Danilo Sepúlveda” y le manifestó que era el abogado de la familia de mujer con la que había intercambiado mensajes íntimos. A ello, el presunto abogado, agregó que los padres de “Aldana Gutiérrez” habían descubierto la situación y exigían una suma de 130.000 pesos para “arreglar”. En caso contrario, presentarían una denuncia en su contra. Asimismo, el “letrado” le indicó que, por tratarse de una menor de edad, la causa penal terminaría con una pena de prisión.
A los fines de evitar una denuncia en su contra, la víctima accedió a la exigencia y transfirió el dinero al número de cuenta que le dictó el supuesto abogado.
En este marco, la representante de Fiscalía, sostuvo que el número de CBU al que fue enviado el dinero pertenece a la cuenta bancaria de Natalia Soledad San Martín. Para la investigadora, la imputada, colaboró con el autor de la extorsión, facilitando el número de su cuenta bancaria para recibir el dinero
“El Fiscal Báez”
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez.
En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación, el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, estableció que el número de CBU donde se recepcionaron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de una de las mujeres investigadas que no compareció en la audiencia.
Por otra parte, la Fiscal Barrionuevo, informó que el 20 de septiembre de 2021, la víctima, recibió un nuevo mensaje de WhatsApp.
En el contenido del mensaje, una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal, le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina, la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria.
Para ello, le dio un número de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que pertenece a otra de las mujeres denunciadas como colaboradora de la maniobra de chantaje. En esa oportunidad, el damnificado, realizó cuatro envíos de dinero.
Así las cosas, para la representante del Ministerio Público Fiscal, Nadia San Martín, y las otras dos jóvenes sospechadas, colaboraron con el autor de la extorsión, aportando sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las transferencias realizadas por la víctima.
En consecuencia, peticionó al magistrado que se investigue a Nadia San Martín, bajo la calificación legal provisoria de partícipe necesaria del delito de chantaje.
Por otra parte, requirió un plazo de seis meses para concluir las tareas de investigación. También detalló las evidencias de cargo con las que cuentan para formular la imputación. A su turno, el abogado Adrián Coronel, no formuló oposiciones a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal.
Así las cosas, el Juez Ariel Quiroga, resolvió hacer lugar al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio contra Natalia San Martín en orden a los hechos narrados y la calificación legal provisoria propuesta por la Fiscalía. Asimismo, otorgó el plazo de seis meses de investigación y requerir al personal policial de la ciudad de Puerto Madryn que active el protocolo de identificación para registrar los datos de la imputada.
