De esta manera de determinó que la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N°24.241, será en diciembre de 118.754,58 pesos, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM ) será de 207.679,01 pesos.
El gobierno libertario todavía no confirmó si pagará o no en diciembre una vez más el devaluado bono de 70 mil pesos cuyo monto mantiene congelado desde marzo pasado a pesar del avance de la inflación desde entonces.
Sin créditos para jubilados
El gobierno de Milei modificó además las bases del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración de la Seguridad Social (Anses) de modo de que el organismo ya no podrá otorgar créditos que se financien con ese dinero.
Así quedó plasmado en el Decreto 1039/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Allí el Gobierno derogó los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241 que establecían que la Anses podía invertir el dinero del FGS en “contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial” y en “cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria”.
De acuerdo con el gobierno libertario el FGS “no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para organizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que «durante el año 2023, la línea de créditos para trabajadores se ofreció con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación anual registrada fue del 211,4%, según datos del Indec, lo que evidencia un perjuicio significativo en términos reales para los activos del FGS que atenta contra la preservación y sostenibilidad del mencionado Fondo».
En este contexto, explicaron que “ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del Fondo y, por ende, de todo el resto de los beneficiarios y aportantes del Sistema Previsional”. De esta manera, alegaron que esta actividad puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado.
“Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”, mencionaron.
