Horas después de la masiva Marcha Universitaria y el clamor ciudadano en defensa de la educación pública, el Gobierno oficializó el veto de la ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada en el Congreso. La resolución del Ejecutivo ya fue publicada en el Boletín Oficial.
El veto de Javier Milei finalmente tomó forma a través del Decreto 879/2024, incluido en el Boletín Oficial a primera hora del 3 de octubre.
“Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757″, quedó establecido en el primer artículo del decreto.
“Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, se indicó en el artículo 2.
Entre los considerandos, la resolución del Ejecutivo puso de relieve que el proyecto sancionado «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
También se subrayó que la ley de Financiamiento Universitario «procura dañar al gobierno políticamente».
«No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales», puede leerse en el Decreto 879/2024, disponible en el Boletín Oficial.
En aras de justificar el veto poniendo el foco sobre el supuesto impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario, se agregó que «la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa».
En virtud de lo expuesto, el Ejecutivo remarcó que «dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas».
Momentos antes de la actualización del Boletín Oficial, la Oficina del Presidente anticipó el veto y tildó de «irresponsable» la medida, con fuertes acusaciones hacia los legisladores y el conjunto de la oposición.
«La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado en el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal», anunció el Gobierno a través de un comunicado.
«Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025», aseguraron.
En el mismo comunicado, el Gobierno cargó las tintas contra la multitudinaria marcha de la comunidad educativa, centrando sus críticas en los dirigentes que participaron en la misma.
Los opositores que se sumaron a la movilización, desde Cristina Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta, fueron acusados de «obstruir el plan económico del Presidente».
«Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política», consignó el Ejecutivo a propósito de la masiva movilización de este miércoles 2 de octubre.
En el último párrafo del comunicado, la administración libertaria cargó contra «los proyectos de ley irresponsables», allanando el terreno para el veto que se oficializó horas más tarde en el Boletín Oficial.
