Mientras que la imputada postula como prueba del futuro juicio oral el levantamiento del secreto bancario del contador que la denunció, este y el fiscal Omar Rodríguez se oponen.
Las diferencias sobre si esa prueba es tenida en cuenta, llegaron recursivamente al Superior Tribunal de Justica y entre marchas y contramarchas, también intervinieron las juezas Ivana González y María Tolomei.
Ahora otros dos jueces –Marcelo Nieto Di Biase y Marcos Nápoli- intervienen en la decisión. Para ello, este martes escucharon las posturas de la Fiscalía representada por Omar Rodríguez y Analía Acuña, el asesor legal del denunciante y testigo, el abogado Daniel Sandoval representando a Martín Sandoval Martínez.
El fiscal general Omar Rodríguez, titular de la UFE, destacó el rol del denunciante y una vez más planteó que se trata de un testigo y no de un imputado. Destacó que no se puede ingresar a una cuenta bancaria, es una medida de coerción invasiva de la intimidad de las personas, por lo tanto, no se puede aplicar a un testigo. Con similares argumentos se expidió el representante legal del denunciante, el abogado de Esquel, Daniel Sandoval. Se remarcó también la demora de 11 meses sin que el caso pueda ser elevado a juicio oral.
Las posturas coincidentes de estas dos partes para que no se levante el secreto bancario de las cuentas del denunciante, fueron confrontadas con los argumentos del defensor de la imputada en la causa, el abogado Romano Cominetti.
Cominetti, destacó el interés probatorio que, a su criterio, se debe conocer el movimiento de las cuentas bancarias del denunciante del caso.
Mientras pasa el tiempo sin que la decisión de esta prueba se confirme para saber si es tenida en cuenta en el debate, la audiencia de este martes quedó irresuelta, ya que los jueces Nápoli y Di Biase se tomaron el plazo legal de los tres días para decidir.
La ex ministra de familia y Diputada Provincial, Cecilia Torres Otarola, fue acusada por el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el fiscal Omar Rodríguez, la ex funcionaria “resultó una pieza central de la actividad delictiva investigada”.
Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estimó que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
Ahora resto que dentro del plazo legal de tres días, los jueces Nieto Di Biase y Marcos Napoli den a conocer su resolución.
