En primer lugar, la fiscal se refirió a los hechos ocurridos en fecha posterior al 25 de noviembre de 2019, cuando la niña tenía nueve años, hasta el 25 de noviembre de 2021, contando la víctima ya con once años, en un domicilio ubicado en zona de chacras, donde la perjudicada concurría con su hermano para quedar al cuidado del imputado, quien aprovechando la relación asimétrica existente y sabiendo lo que hacía, la sometió sexualmente en reiteradas oportunidades, constituyéndose en delito continuado. La calificación esgrimida es la de abuso sexual con acceso carnal en menor de 13 años, todo enmarcado en la ley de violencia de género número 26485 y artículo 119, tercer párrafo del código penal.
El segundo hecho guarda relación con otra persona que resulta ser el abuelo de la víctima, y el 31 de diciembre de 2020 sometió a la menor, por lo que se endilga el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, artículo 119, segundo y cuarto párrafo inciso f del código penal, en el marco de la ley 26485 de violencia de género. En este caso particular se solicitó la medida de prohibición de acercamiento a la víctima y su familia, situación que no fue objetada por el defensor de ambos imputados, Custodio Gómez, por lo que el Juez Marcelo Nieto Di Biasse dispuso su libertad con la imposición de la medida mencionada y el procesamiento respectivo.
Respecto al otro imputado, la doctora Pereira dio a conocer las tramitaciones llevadas adelante para imponer el delito que se le adjudica. Expuso sobre el peligro de fuga, con una pena que podría ser de seis a quince años de prisión, la que será de cumplimiento efectivo, si se tiene en cuenta una condena del 9 de noviembre de 2007, cuando al mismo imputado se le determinó la pena de seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, que cumplió el 29 de julio de 2012. También habló del peligro de entorpecimiento y solicitó una pena de tres meses de prisión preventiva, estimando que ante lo avanzado de las investigaciones, en ese lapso se podrá disponer de la acusación respectiva. En el mismo tenor se expresó el asesor de familia Pablo Rey, quien informó sobre los informes llevados adelante por equipo multidisciplinario.
Resolviendo sobre lo expuesto por las partes, el Juez Marcelo Nieto Di Biasse consideró que mas allá de los elementos presentados por la fiscalía para la imputación, se resalta la cámara gessel donde la víctima pudo expresarse y que observó el propio magistrado, para fortalecer las evidencias existentes. De todas formas, dispuso la prisión preventiva del imputado hasta el próximo 8 de julio, fecha en que se realizará una audiencia, donde se escuchará el informe sicodiagnóstico de la víctima, con el fin de reafirmar la credibilidad de sus dichos, y evaluar de acuerdo a sus resultados, la situación procesal del ahora detenido.
