El expresidente Mauricio Macri regresó este martes al país, en un vuelo de Iberia, pero no se presentará el miércoles a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, según dejaron trascender desde el entorno del propio exmandatario.
Macri se reencontró con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, que horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que terminaron de cerrar la estrategia –aún no concretada- de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria cuya primera fecha prevista fue el 7 de octubre.
A pesar de que dejó trascender que no se presentará a la indagatoria, hasta este martes por la tarde la defensa de Macri no había presentado ningún escrito ante el juez federal de Dolores, Martín Bava, informaron a Télam fuentes judiciales.
La convocatoria a indagatoria al expresidente estaba prevista para este miércoles a la mañana, pero la idea del exmandatario es hacer llegar antes –a través de sus abogados o de forma telemática- un escrito con el cual recusaría al juez, cuestionaría la investigación y, además, pedirá la nueva postergación.
Se trataría de su segundo movimiento en el expediente: el primero se produjo la semana pasada cuando firmó un escrito junto con Lanusse en el que declamó su “inocencia” y reclamó que quedara en suspenso la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava el 1 de octubre cuando lo convocó a indagatoria.
Desde el entorno de Macri adelantaron además que el propio expresidente difundirá esta tarde/noche los motivos de la presentación que hará ante la justicia federal y dejaron entrever que el exmandatario referirá que observa que detrás de su convocatoria puede haber razones políticas.
Macri está imputado por, supuestamente, haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan.
Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».
