El uniforme, el arma y las facultades de uso de la fuerza, están destinadas a otros fines muy distintos a la extorsión, enumeró uno de los integrantes del tribunal mixto al dar los fundamentos de su voto por la pena. Juan Emilio Llaipén fue llevado a juicio por la Fiscalía y condenado por un hecho grave: amedrentó y obligó a un detenido a firmar un Formulario 08, documento necesario para transferir la propiedad de un vehículo. Los cinco miembros del Tribunal (dos ciudadanos comunes y tres jueces profesionales) coincidieron en la pena, destacando que un funcionario público debe ser un ejemplo de respeto por la ley.
A pedido de la fiscal María Bottini y con la oposición de la defensa, el Tribunal dictó la prisión preventiva del condenado por seis meses o hasta que la sentencia quede firme y comience a correr la ejecución de la pena. La defensa particular solicitó la revisión y un tribunal revisor confirmó la decisión de mantenerlo detenido preventivamente.
Abuso de poder y máxima vulnerabilidad
El principal factor que elevó la pena fue la condición de policía del condenado. El Tribunal consideró un agravante fundamental el hecho de que Llaipén incumpliera la ley precisamente cuando su rol le exige respetarla de manera ejemplar. Además, el delito se cometió dentro de una comisaría y la víctima se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad por estar detenido (por primera vez), lo que lo dejaba a merced del policía, estaba solo en la celda y Llaipén utilizó su arma reglamentaria para intimidarlo, exhibiéndosela, aunque luego la haya entregado a otro uniformado.
Como atenuante, el Tribunal consideró que no se pudo concretar la transferencia de la camioneta, por lo que no se produjo un perjuicio económico final ni un daño directo a la víctima más allá de la extorsión.
