Y siguió: «como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto».
La nueva avanzada libertaria contra las mujeres se da luego del polémico discurso que Milei dio en el marco del Foro de Davos en el que relativizó los femicidios y trató de «pedófilos» a los homosexuales que adoptan hijos.
Según trascendió esta mañana, y luego confirmó Cúneo Libarona, el Gobierno prepara el proyecto de ley que busca eliminar lo que definen como “discriminación positiva”, y que incluirá la eliminación de la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal.
“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, aseguró a NA una alta fuente del gobierno libertario. En Balcarce 50 sostienen que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”, y aseguran que Milei está en contra de impulsar una política que “defienda la diversidad de género”.
En este marco, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, estarían trabajando en este proyecto, y sus posibles consecuencias, que se denominará «Igualdad ante la Ley,» y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”.
La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (Nº 27.636 ); la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412), como los puntos más salientes.
La decisión alcanzará también a toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”, lo que incluye además el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar.
