El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, se refirió a la decisión de la Justicia Federal de hacer lugar al pedido de intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, solicitado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El mandatario consideró que la decisión del juez federal Hugo Sastre «no solamente avala una solicitud legítima que nosotros impulsamos como gobierno, sino que también responde a las demandas y los requerimientos de miles de usuarios, y de la propia ciudadanía, que hoy quiere saber por qué cuenta con un servicio menos eficiente, pero cada vez es más caro».
«Ordenar el esquema»
En tal sentido, el titular del Ejecutivo provincial auguró que la medida judicial sea «un paso más en la normalización de la entidad, y un ejemplo para continuar ordenando un esquema que, durante muchos años, se caracterizó por la falta de transparencia».
En el caso de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, el titular del ejecutivo sostuvo que «nos encontramos con situaciones muy poco transparentes, como la falta de convocatoria a asambleas ordinarias, sumado a irregularidades administrativas y una deuda cada vez mayor con la mayorista Cammesa», aunado al hecho de que «la mala administración de los recursos de los chubutenses repercute de manera directa en la calidad de los servicios públicos y, consecuentemente, en la calidad de vida de los vecinos y vecinas que, con mucho esfuerzo, mes a mes afrontan boletas hasta cuatro o cinco veces más caras que en otras regiones del país”.
Asimismo, Torres precisó que «desde el primer día de nuestra gestión, nos propusimos ordenar una provincia devastada por la negligencia y los malos manejos de la política, y hoy tenemos la posibilidad de llevar a los chubutenses la garantía de que van a tener una cooperativa ordenada, con las cuentas claras y los números sobre la mesa; esa es nuestra política de Estado y nuestro mandato como funcionarios públicos».
Plazo de 180 días
A partir del fallo del juez federal Hugo Sastre, se designó como interventor judicial al licenciado Matías Bourdieu, propuesto por el INAES, quien se desempeñará en el marco de la Ley de Cooperativas N° 20.337, con el objetivo de sanear el esquema de operatividad de la entidad. La medida regirá por un plazo de 180 días y requerirá de informes bimestrales que el interventor deberá presentar ante la Justicia Federal, concluyendo con un informe final, una vez culminada su función.
