La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut llevó adelante este miércoles una extensa reunión informativa sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal del Chubut que lleva el número 70/24 y que el Poder Ejecutivo Provincial elevó a la casa de las leyes para su tratamiento.
La reunión tuvo su apertura encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna y los diputados que integran la Comisión, presidida por María Andrea Aguilera (bloque Despierta Chubut).
Integran la Comisión de Asunto Constitucionales y Justicia Sonia Cavagnini (Despierta Chubut), Emanuel Coliñir (Arriba Chubut), Gustavo Fita (Arriba Chubut), Paulina Hogalde (Despierta Chubut), Daniel Hollmann (Despierta Chubut), Leticia Magaldi (Despierta Chubut), Juan Pais (Arriba Chubut) y Antonio Rubia (PICh).
“La reforma del Código Procesal Penal fue fijada como un objetivo por el gobernador Ignacio Torres. Lo remarcó cuando quedó constituido el Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad Federales y la Policía de la Provincia en Trelew. Tiene que ver con mejorar el sistema de enjuiciamiento penal, lograr más efectividad y más rapidez”, comentó el vicegobernador Menna.
Agregó que se trata de un proyecto de ley que “estuvo muchos años, más de dos, cajoneado”, que ahora volvió a presentar el Ejecutivo, “y se comenzó el tratamiento de esta forma, abierta, convocando a expertos y a especialistas. Y la idea es, luego, poder en los próximos días sacar dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales para llevarlo a debate en sesión, con el fin de aprobarlo dentro de los objetivos de plazos que fijó el gobernador”.
Remarcó que la jornada informativa de este miércoles es parte de “un trámite legislativo abierto para escuchar opiniones. Una reforma de un código tiene todo un componente técnico, así que es también lo que corresponde: hacer un tratamiento serio y profundo, pero también rápido”.
Resumió que “los objetivos pasan por acelerar los procesos, lograr efectividad y evitar lo que la sociedad percibe: que la falta de efectividad lleva a que no se llegue a juicio; esa expresión que la gente intuitivamente ve, que entran por una puerta y salen por la otra. Es lograr que el código sea una herramienta al servicio de los operadores del sistema, que son básicamente los jueces y, sobre todo, los fiscales”.
“De hecho -recordó- este proyecto de ley, en su momento, lo elaboró la Procuración General de la Provincia y un grupo de fiscales”.
Y finalizó: “Lo peor que se puede hacer es no tratarlo, dejar las leyes o los proyectos cajoneados, como pasó”.
Distintos actores
En tanto, el ministro Iturrioz destacó “la relevancia del evento, porque se escucharon voces muy disímiles de distintos actores del sistema, que son los que lo operan a diario, y obviamente todas las posiciones son enriquecedoras. Yo creo que el debate va a ser sustancial para la modificación, y lo único que espero es que la modificación salga”.
“Cuando hay una sentencia en primera instancia, el fiscal está imbuido de las facultades para pedir la detención preventiva, y el juez tiene las facultades de dársela. Lo que pasa en la práctica es que el fiscal pide la detención preventiva y el juez no la otorga. Este desmanejo de los criterios ha llevado a que tengan que realizarse modificaciones procesales. Así habría otra línea de trabajo, más acorde a las necesidades de la situación actual de inseguridad”, indicó.
Jorge Miquelarena, Procurador
Escuchar todas las voces
Por su parte, la diputada Aguilera expresó: “Más allá del contenido de la reunión, lo que hay que destacar es que entró un proyecto del Poder Ejecutivo de modificación del Código Procesal Penal y se convocó a una reunión informativa, de la cual participaron las máximas autoridades de los tres poderes. Creo que no ha habido en la Legislatura un tratamiento de esta naturaleza”.
“Creo que es la única manera de abordar los proyectos de ley: escuchar todas las voces. Siendo un proyecto del Código Procesal Penal, escuchar e los operadores judiciales, a los funcionarios policiales y a la ciudadanía en general representada a través de distintos organismos”, añadió.
Y finalizó: “Además, se transmitió en vivo a toda la provincia; con lo cual me parece que es una forma de tratar como corresponde, y con el respeto que la ciudadanía merece, un tema de la importancia y de la seriedad que tiene la modificación de un Código Procesal; y más en este momento, en materia penal”.
Disertantes
Durante la reunión informativa, que se extendió por más de siete horas, expusieron el ministro Iturrioz; Carina Estefanía, jueza penal de Esquel, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut; Lucas Papini, Martín Castro y Martín Moris, fiscal adjunto y abogado de la Fiscalía de Estado del Chubut; Sebastián Ramos, juez del Juzgado Federal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Benesperi, defensor general alterno del Ministerio de la Defensa Pública del Chubut y docente titular de la cátedra de Práctica Profesional de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
También lo hicieron Leonardo Pitcovski, juez de la Cámara Penal de Puerto Madryn; Andrés García, jefe de la Policía del Chubut; Fabián Gabalachis y Rodrigo Freire Méndez, ambos profesores titulares de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”; Alfredo Pérez Galimberti, ex defensor general alterno del Ministerio de la Defensa Pública del Chubut; Patricia Reyes, jueza de Puerto Madryn e integrante de la Asociación Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA); y Marcela Pérez Bogado, jueza penal de Puerto Madryn.
También dieron sus puntos de vista Camila Banfi y Silvia Bustos, ministras del Superior Tribunal de Justicia del Chubut; el titular de la Oficina Anticorrupción, Diego Carmona; los jueces penales de Esquel Jorge Criado y Carlos Richieri; la jueza penal de Trelew María Tolomei; y Jorge Miquelarena, procurador general de la Provincia, que cerró las disertaciones.
