A pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública, la jueza de garantías de Rawson Karina Breckle abrió la investigación en contra de una mujer que en su carácter de jefa de compras del Ministerio de Seguridad de la Provincia, contrató a su pareja por servicios de albañilería, herrería, mecánico, chapista y electricista de automotor, con un costo total para el erario público, de 1.092.000. Ambos quedaron imputados.
Se trata de Carolina Pardo Said a quien se le imputó el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en carácter de autora. Para su pareja Vicente García se le imputó esos mismos delitos, aunque en carácter de partícipe necesario.
En una audiencia de apertura de la investigación que ahora se prolongará durante seis meses, el fiscal general Omar Rodriguez a cargo de esa Unidad Fiscal junto a la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, describieron los hechos que se sospecha cometieron ambos imputados, a fin de poder ejercer su derecho a defenderse.
Los acusadores describieron cada uno de los ocho hechos que forman parte de la investigación, es decir las ocho contrataciones por las tareas que se le encargaron a García, desde la construcción de un cesto de residuos para la sede del Ministerio de Seguridad en Rawson, hasta tareas de albañilería y pintura de obra además de trabajos de mecánica, chapa y electricidad a vehículos oficiales de ese Ministerio.
Para el fiscal Omar Rodriguez, con su accionar ilegal Pardo Said “tuvo intenciones de beneficiar económicamente” a su pareja García “haciendo prevalecer el interés privado particular, por encima del interés público” a la que estaba obligada cumplir en función de la tarea que cumplía.
Los ahora imputados fueron asistidos en la audiencia por el abogado Diego Cruceño y ahora el plazo de la investigación es el legal de seis meses.
