De acuerdo con la información brindada por el área de Prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut, los funcionarios públicos imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Rocío Silva, Leonardo Chacón y Claudio Márquez, quienes se desempeñan en el Ministerio de Infraestructura y en el Ministerio de Educación. Además, fueron imputados los empresarios Osvaldo Ponce de León y Juan Cottet, ambos de la ciudad de Esquel.
Para los funcionarios provinciales la imputación es la de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de coautores. Para los empresarios Ponce de León y Cottet, la imputación es en calidad de cómplices primarios.
El agraviado es el Estado provincial y se estima un perjuicio por una suma superior a los 20 millones de pesos. Se investigan 15 delitos acerca de cómo fue el ardid que apuntaba a direccionar las obras, simulando falsos concursos de precios para ejecutarlas.
La denuncia fue realizada por el gobernador Mariano Arcioni, luego de un escape de monóxido de carbono en la escuela de Buenos Aires Chico, en la localidad de El Maitén, que afectó la salud de 58 alumnos, algunos de los cuales debieron ser hospitalizados.
La denuncia efectuada por los padres de los niños afectados en El Maitén está cargo de la Fiscalía de Lago Puelo. Mientras que las irregularidades detectadas en la reparación de la caldera que produjo el escape y que reveló irregularidades en otros establecimientos educativos del interior provincial, está a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez.
LA MANIOBRA
El fiscal describió el modus operandi se realizó a partir de instrumentos legales como la contratación directa en función del monto de la contratación. Se seleccionaba “de manera arbitraria y discrecional quien era el proveedor del trabajo de refacción, esto fruto del acuerdo previo al margen de la ley”.
Rodríguez detalló que dicha maniobra “no responde a la idoneidad del elegido, sino que las razones están dadas por otras causas, como lo son la amistad, la devolución de favores de campaña, el lobby de personas influyentes en los funcionarios con toma de decisión, etcétera.”
El fiscal explicó: “se cursaban invitaciones vía mail, generalmente a tres proveedores para que coticen. La otra forma era el firmado de una planilla que se agrega al expediente administrativo, la cual se encuentra en la repartición donde se hace el llamado, y resulta demostrativa de que el proveedor ha sido invitado a cotizar”.
Agregó: “las invitaciones a cotizar en estos casos, no tienen por fin abrir un terreno propicio para generar competitividad en busca de mejores precios y de mejores productos para el Estado, sino que era utilizado para aparentar el cumplimiento de dicho extremo”.
Ese mecanismo de cursar invitaciones a distintos proveedores “buscó encubrir un direccionamiento en la contratación para beneficio de un tercero, y a su vez, cubrir la responsabilidad funcional. En definitiva, darle apariencia de legalidad”, puntualizó Rodríguez.
Por eso, los funcionarios “invitaban a proveedores que sabían de antemano que no iban a presentar cotizaciones, dejando vía libre al candidato seleccionado a quedarse con la que aparecía como único oferente. Y claro está, su oferta siempre resultaba económicamente la más conveniente”.
FIRMAS FALSAS
Según el planteamiento de la Fiscalía, detectaron que en varias de las obras de refacciones “se iniciaban sin ningún tipo de respaldo documental. Se disponía que el contratista comience la obra y luego se armaba el expediente, acomodando las fechas y los distintos actos administrativos para darle apariencia de legalidad a la documentación obrante en los mismos, para luego la autoridad competente autorizar la contratación directa en función de lo actuado”, analizó el fiscal del caso.
El acusador público graficó que en el modus operandi el proveedor confeccionaba los presupuestos de las obras, es decir, el contratista “hacía el relevamiento, confeccionaba la memoria descriptiva con los trabajos a ejecutar y fijaba el monto que se iba a convertir en el presupuesto oficial, sobre ese monto que había fijado el propio proveedor, hacía la oferta incrementando el porcentaje dinerario”.
CAUSA COMPLEJA
Los defensores Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti, Hugo Cansino y Nelly García coincidieron en que la descripción de los delitos fue “confusa e imprecisa” y que “no tenemos en claro de que nos tenemos que defender”, afirmó Cominetti. También cuestionaron la cifra de dinero estimada por el fiscal producto de las maniobras ilegales de contratación. Y la defensora Olavarría cuestionó la calificación de los delitos.
Para el fiscal el prejuicio final surgirá de la investigación y que “en las maniobras de direccionamiento no hace falta determinar el monto. Lo que hace falta es probar que sí existió un perjuicio”.
La jueza relativizó las observaciones de los defensores y consideró que la causa sea tratada como compleja. Por ello, los fiscales tienen el plazo de un año para avanzar en la investigación y presentar la acusación.
