El acusado enfrenta cargos relacionados con relaciones sexuales con la joven, desatando un debate legal en torno a la validez del consentimiento y la protección de los menores en situaciones de vulnerabilidad.
La defensora pública Flora Mollard, en representación del acusado, presentó una solicitud ante el tribunal unipersonal presidido por la jueza Ivana González. Mollard abogó por la aplicación del juicio abreviado, basándose en que su cliente había sido asesorado previamente y estaba dispuesto a reconocer el hecho, renunciando a un debate oral. La defensora detalló un acuerdo que incluía una pena de tres años de ejecución condicional, acompañada de pautas de conducta y una prohibición de acercamiento a la víctima durante el período de condena.
El fiscal general, Lucas Koltsch, confirmó que había consultado tanto a la víctima, una joven de 12 años, como a su madre, quien había presentado la denuncia. Ambas partes estaban de acuerdo con el acuerdo propuesto y las condiciones impuestas al acusado.
El incidente, que tuvo lugar en febrero de 2018, involucró al acusado, un adulto, recogió a la joven de 15 años en su camión después de que esta abandonara su hogar debido a problemas familiares. Durante el viaje, el adulto abusó sexualmente de la menor en la parte trasera del vehículo.
El estupro, un delito legalmente reconocido en muchas jurisdicciones, se aplica cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor que, debido a su edad y falta de madurez, no puede dar un consentimiento legalmente válido. En este caso, la elección de aplicar el estupro tiene como objetivo proteger a los menores de explotación y abuso sexual.
