Luego de la nulidad establecida por el Superior Tribunal de Justica respecto a la decisión de tres Jueces que aceptaron el pedido del defensor Gabalachis respecto al levantamiento del secreto bancario de dos testigos presentados por la fiscalía, en la mañana de hoy se desarrolló una audiencia sobre la incidencia, que contó con la participación de la Jueza María Tolomei, en la causa en la que se encuentra acusada la ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola por delitos de fraude a la administración pública.
En esta ocasión, fue el nuevo defensor Romano Cominetti quien avaló la presentación efectuada en su oportunidad por Fabián Gabalachis, aludiendo a que no se trata de un levantamiento de secreto bancario, sino solo poner en conocimiento de movimientos efectuados entre los años 2015 y 2020, desde las cuentas de Martín Sandoval Martínez y Erica Paludi, quienes mantenían relación con la acusada Otarola.
Esta posición contó con una fuerte oposición del Ministerio Público Fiscal representado en la oportunidad por la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, quien se explayó sobre los considerandos del artículo 294 del código procesal penal. Dijo que la audiencia preliminar se había iniciado el 29 de julio de este año, y hoy a seis meses no se concluye debido a los pedidos extemporáneos de la defensa, luego de haber tenido un año y medio que duró la investigación para hacer las solicitudes necesarias. Recalcó que la acusación ya está concretada y refirió a la errónea decisión de la Jueza González y los Jueces Di Biasse y Nápoli, en cuanto a haber accedido al pedido de la defensa, en momentos que ya no se podía producir prueba.
A su turno, el propio afectado Martín Sandoval Martínez enfatizó que se trataba de un amedrentamiento hacia su persona el hecho de querer inmiscuirse en su intimidad, aclarando que toda la prueba respecto a movimientos bancarios había sido remitida en su momento al propio Ministerio Público Fiscal. Por su parte, el abogado Daniel Sandoval, que representa a los dos testigos coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la cuestión temporal y mencionó el derecho a la intimidad y la confidencialidad fijado en normas constitucionales, peticionando a la Jueza la prohibición de revelar secretos bancarios.
Luego de un cuarto intermedio la doctora Tolomei indicó que la resolución del Superior Tribunal de Justicia estuvo centrada a medidas probatorias elevadas con relación a testigos. Sin embargo, de esos involucrados solamente se trajo a colación lo referido a Martín Sandoval Martínez, ya que en el transcurso de esta audiencia el abogado de Erica Paludi había desistido de la oposición respectiva. En consecuencia, la magistrada hizo referencia a los artículos 294 y 31 del código procesal penal, que remiten al artículo 44 de la Constitución Provincial, en los que se indica acerca de las decisiones que debes ser a favor del ejercicio del derecho a defensa.
Habló también sobre la extemporaneidad y viabilidad del pedido, y remarcó que finalmente esta incidencia fue provocada por la oposición efectuada por el propio testigo que se sintió afectado. Posteriormente trajo a colación el artículo 299 del código procesal penal para señalar aspectos sobre la credibilidad de una persona testigo o declarante, diciendo que es relevante para ejercer el derecho a defensa, y esto es lo que debe prevalecer, para lo cuál trajo a colación el artículo 18 de la Constitución Nacional y el 44 de la Constitución Provincial, por lo que consideró que resultaba acertada la resolución dada por la doctora Ivana González, por lo que hizo lugar al pedido de la defensa, autorizando el levantamiento del secreto bancario en las cuentas de Martín Sandoval Martínez en lo que hace a los movimientos efectuados con Cecilia Torres Otarola en el período 2015/2020.
La ex diputada provincial fue acusada por el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
