Santiago Acevedo, titular de la empresa de transporte urbano, que prestó servicios en Esquel hasta el inicio de la pandemia en marzo del 2020, avanza en el juicio a la Municipalidad, por un monto que ronda los $ 350 millones. Así lo expresó el el abogado de Acevedo, el Dr. Rafael Marcelo Macayo en diálogo con distintos medios.
Este proceso comenzó en marzo del año 2021 con la reclamación administrativa previo a las acciones judiciales y el monto que reclama el empresario Acevedo ronda los 350 millones de pesos. Está basado en los daños y perjuicios que tuvo la empresa a raíz de los actos administrativos dictados por el municipio y la baja de la concesión en el caso de las líneas 2 y 3 y la imposibilidad de continuar con la 1.
En este contexto, el Dr. Rafael Marcelo Macayo, representante del empresario, dialogó con los medios y explicó: «Como todo reclamo contra el estado, hay un tramite previo a la instancia judicial que se llama reclamo administrativo previo. Esto se hizo al comienzo del año 2021, nosotros interpretábamos que esa era la instancia para resolver esto «
«Nos encontramos con la sorpresa de que el estado municipal ni siquiera contestó el reclamo», sentenció el letrado.
Seguido a esto, una vez iniciada la instancia pre judicial, el municipio omitió responder por lo cual se inició el trámite judicial. Este proceso se desarrolló en el término de 90 días hábiles. Una vez concluido, el reclamante está obligado a iniciar la demanda.
La Jueza Civil, Comercial y laboral, Alicia Arbilla convocó a una audiencia a los fines de conciliar, y se fijaron audiencias a las que fueron citados testigos, entre ellos los concejales Valeria Saunders, María Martínez y Hernán Alonso. La fecha es del 13 de octubre a las 9 horas.
En este sentido se buscará aportar documentación del caso y peritajes, además de declaraciones testimoniales que sumen la perspectiva desde el poder legislativo y todas las intervenciones que hubo para llegar al trámite que cerró con la quita de la concesión.
La demanda tiene un monto concreto que surgió de un estudio que realizó un Estudio Contable local. Se llevó adelante un cálculo de costos que se conformaron por el lucro cesante de la empresa, y también se consideró el daño que le ocasionaron los actos administrativos del municipio. “La demanda ronda los 350 millones de pesos”, informó Macayo.
