En un inicio se ordenó tomar fichas dactiloscópicas de los imputados que sus defensas plantearon la suspensión de juicio a prueba en la anterior jornada.
Luego se escuchó la declaración voluntaria del imputado Palomeque, no aconsejado por su defensora, expresando que “nunca tuvo el control de todo lo sucedido en la Emergencia Climática, el que sabía todo”. “Yo no fui quien creo el memorándum, el 27 de abril, lo ejecuté en la parte que a mi me tocaba”. Asegurando que él no creo los partes diarios, no hizo los expedientes contables y nunca confeccionó los listados, ni los formularios.
Concluyendo que “era un perejil que asumió un rol” y que quedó frustrado con el cambio del Memorandum. Asimismo, aseguró que “nunca firmó un parte diario y que solo firmó lo que podía controlar; la auditoría y control estaba fuera de su área”, entre otras expresiones. Finalizando que no permitían que ingresen a trabajar “foráneos”, es decir empresarios que vinieran de afuera, manteniendo una reunión en EDILSUD entre empresarios locales y funcionarios municipales.
Seguidamente el fiscal Iturrioz planteó que lo sorprendió las declaraciones del imputado y que solicitará se eleve la causa a juicio para dilucidar el hecho. Adelantando que se opondrá al ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba por parte de algunos imputados.
Las defensas plantearon que se debería escuchar el mejoramiento de las propuestas del ofrecimiento reparatorio de la suspensión de juicio a prueba.
Finalmente la jueza resolvió dictar un cuarto intermedio hasta mañana miércoles, a las 9.00 hs. donde se dará continuidad a la audiencia preliminar.
Emergencia Climática I en Comodoro
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister.
Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
Entre los imputados se encuentran Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque; Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
Presidió la audiencia preliminar Mariel Suárez, jueza natural de la causa; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de Palomeque la ejerció María Cristina Sadino; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara por María de los Ángeles Garro, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Javier Morales por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública; la de Boyero y Monasterolo por Guillermo Iglesias; y la de Astiz por Fabián Gabalachis; la Dra. Quintana por los hermanos Pérez, abogados particulares de los mismos.
