El Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propone mantener los aspectos esenciales de la ley vigente que son los contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios como establece la ley vigente.
Además impulsan que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinado a alquiler y que no paguen bienes personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
También establece un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.
Moreau dijo que el dictamen del FDT sintetiza los «distintos proyectos de los diputados del Frente de Todos» donde «el foco está puesto en proteger a los inquilinos y en incentivar la oferta de propiedades».
Las reformas impulsadas por el oficialismo fueron explicadas por los diputados Mónica Litza y Lucas Godoy, quienes defendieron la ley actual y señalaron que la reforma sumará nuevos derechos a los inquilinos y traerá beneficios a los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler.
Godoy señaló que «los tres años de contrato fueron una conquista porque generan mayor previsibilidad, así como la anualidad en la actualización” y destacó los tres puntos para fortalecer la demanda.
En cambio, Juntos por el Cambio propone en su despacho -que sumó 14 firmas- reducir los plazos de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualización semestral, que puede ser pactado entre las partes.
La secretaria de la comisión, Karina Banfi, señaló que «con la ley que sancionamos en 2019 vinimos a reparar algunos sistemas de abuso, y por eso en el marco de las distintas audiencias informativas que tuvimos pudimos llegar a un punto en común, que es que no hay que derogar la ley, porque tiene cosas positivas».
“Algunos hablan de poner topes y límites al mercado. Ese mercado que algunos dicen combatir puede ser un propietario jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media, que se compró un departamento y lo pone en alquiler», agregó la legisladora opositora.
En tanto, el Interbloque Federal también presentó su despacho que fue respaldado por los diputados rionegrinos de Juntos Somos Río Negro, en el que también impulsa reducir de tres a dos años los plazos de los contratos e incluye beneficios fiscales para los propietarios.
La discusión llegó a la comisión tras recibir la opinión de 150 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.
Los legisladores que expusieron sus proyectos fueron los oficialistas José Luis Gioja, Federico Fagoli, Gisela Marziotta, y Mara Brauer; mientras que por JXC lo hicieron Martín Tetaz, Alejandro Cacace, Carla Carrizo y Soledad Carrizo.
Por Avanza Libertad hicieron lo propio Carolina Píparo, y Agustín Domingo por Juntos Somos Río Negro.
