A Gabriel C. le vibró el celular en su bolsillo tantas veces que se sobresaltó. Recién había salido de su trabajo como empleado municipal en la localidad chubutense de Trevelin, cuando vio varias notificaciones en su teléfono. Un número desconocido le enviaba capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. Cuando abrió el mensaje no podía creer lo que estaba viendo. Era un chat entre una persona con su foto de perfil y una mujer, donde se intercambiaban fotos al desnudo, una charla falsa que nunca había sucedido.
A los pocos segundos, Gabriel, de 35 años, recibió el llamado de un hombre presentándose como fiscal de la provincia. Fue solo el comienzo de una sextorsión que terminó, insólitamente, con el propio empleado separado de su trabajo, humillado ante su familia y amigos y con una causa real en la Justicia chubutense por grooming.
Varios días después, el hombre pudo demostrar que, en realidad, había sido víctima de una estafa y que la conversación era falsa. Le habían sacado su foto de perfil y la usaron en una charla trucha. Así, se inició una investigación que descubrió el accionar de una banda dedicada a realizar este tipo de extorsiones, con decenas de víctimas en su historial y millones de pesos obtenidos como botín.
En el expediente donde se investiga la maniobra hay chats y audios, donde quedan al descubierto los trucos sucios de los estafadores.
Un audio dice: “Buenas tardes caballero, lo llama el fiscal Alexis Williams de Chubut. Lo contactamos porque sabemos que usted estuvo hablando con una menor y eso es un delito que lo puede llevar a la cárcel por muchos años. Tenemos que iniciar un expediente. La única forma de evitarlo es que nos deposite $50 mil”, dijo el estafador para arrancar el diálogo.
CON INTELIGENCIA PREVIA
Gabriel -un nombre de fantasía empleado en esta nota para proteger su identidad- le contestó que ese chat era falso, que esa charla nunca había sucedido. La respuesta fue una amenaza. “Si no deposita la plata, además de iniciarle la causa, vamos a enviar las capturas a su trabajo y le vamos a arruinar la vida”.
Los delincuentes no eran improvisados, efectivamente sabían que Gabriel trabajaba en la municipalidad de Trevelin. Habían hecho una mínima pero eficiente inteligencia previa.
La víctima se asustó. Fueron tantos los llamados en los siguientes días que no supo qué hacer. Pensó en contarle a su mujer, pero los chats tenían su foto de perfil e iba a ser difícil explicarlo. Tampoco quería acudir a la justicia por miedo a que se difundiera la situación, más pensando en un pueblo chico.
Ante la desesperación, Gabriel eligió el peor camino en estos casos. Ingresó a un círculo del que es difícil salir. Accedió a pagar $50 mil para que dejaran de molestarlo. Incluso recibió una falsa nota membretada por el Ministerio Público Fiscal, donde se dejaba constancia del pago. Pensó que todo se iba a terminar. Se equivocaba: esa transferencia era el principio de su tormento.
Luego de haber enviado el dinero, pasó algunos días de tranquilidad. No fueron muchos. Los estafadores se comunicaron nuevamente porque querían más plata. Seguían haciéndose pasar por un supuesto fiscal. Esta vez la comunicación fue por audio de WhatsApp y quedó registrada.
“Lo que demanda este Ministerio Público Fiscal, por daño psíquico y psicológico causado a la menor moral de la menor, es un monto de $220 mil. Esto se pide que se adecue con el 50% para darle inicio al sistema de mediación y darle intervención al tratamiento de la menor. Esto por un lado, después el resto lo puede realizar en cuotas o en dos veces. Sería cuestión de hablarlo, yo necesitaba hablar con usted para que me confirme qué desea hacer y, en efecto que así fuere, dejarlo asentado en el sistema”, se escucha en el audio que está en el expediente y al que accedió este medio.
Parece ridículo pero los delincuentes le ofrecieron un plan de pago a la víctima. Sin embargo, esta vez Gabriel no accedió a pagar y amenazó denunciar la situación ante el procurador provincial. Se lo dijo al falso fiscal. No le creyeron y lo volvieron a apretar por audio.
Impostando la voz y tratando de usar palabras de la jerga judicial, le dijeron: “Mire, estaba en reunión con otro fiscal porque estamos en un debate, ¿me explico? Otra, que usted no está en condiciones de poner ningún tipo de condiciones y segundo es que si no le pasé la cuenta es porque todavía yo no hablé con usted. Yo tengo que hablar con usted y dejar todo asentado porque esto no es algo que se hace en el aire, ¿me explico? Así que sea más serio. Sé que es un tipo grande ya. Por lo tanto, no me venga a decir a mí a correr o a decir que usted va al procurador. Haga lo que tenga que hacer. Yo hoy mismo desestimo el sistema de mediación y le doy curso de denuncia. En el transcurso de la mañana se lo estará notificando. Si quiere que vayamos a la justicia, perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido”.
La víctima se mantuvo firme en su posición. No iba a pagar más. Se lo volvió a decir. Al fin y al cabo, los chats eran falsos. Él no había hecho nada malo. Pensó que las amenazas de los delincuentes eran sólo eso. Nuevamente se equivocó.
EN EL TRABAJO
Dos días después lo llamaron las autoridades del municipio donde trabajaba. Se había iniciado el protocolo ante denuncias contra empleados. “El padre de una menor de edad nos envió capturas de una charla tuya con la nena”, le dijeron. Gabriel intentó explicar, pero desde el municipio le mostraron las capturas y respondieron que debían seguir los pasos estipulados ante estas situaciones. Lo sancionaron y lo denunciaron en la Justicia penal, donde se le inició una causa por grooming.
La conversación entre los delincuentes, haciéndose pasar por padres de una menor, y la empleada municipal que recibió la denuncia quedó registrada.
“Hola necesito contactarme con este hombre”, escribieron al chat donde el municipio recibe denuncias y reclamos barriales y adjuntaron una foto de Gabriel tomada de sus redes sociales. “Trabaja para ustedes. Soy el padre de “Dayana” y este degenerado le mandó fotos íntimas a una menor de edad. No quiere dar la cara. Si sos padre o madre no lo encubras”, escribieron los delincuentes. Inmediatamente adjuntaron las capturas de pantalla de la conversación falsa.
El expediente quedó en manos del fiscal Carlos Richeri que comenzó a investigar a Gabriel: “El municipio hizo lo que corresponde y nosotros comenzamos por el primer paso que es contactar a la víctima para asistirla. La buscamos por todos lados y no la podíamos encontrar. Dos semanas después de la denuncia nos dimos cuenta de que algo extraño sucedía. No existía la tal “Dayana”. Los teléfonos no coincidían”, explica el fiscal en diálogo con Infobae.
Luego, en el expediente, se verificó que los chats eran truchos y Gabriel pasó de ser acusado de pedófilo a ser víctima de una estafa.
“Cuando uno repasa la historia completa, por supuesto que encuentra huecos en la historia que armaron los estafadores. Visto con tranquilidad, sería fácil darse cuenta del engaño. Pero hay que ponerse en el lugar del hombre y entender su desesperación”, aclaran desde la Justicia chubutense.
En cuanto a la investigación para dar con los estafadores, aun no hay novedades. “Descartamos que se trate de una banda compuesta por presos, como suele suceder en estos casos. El líder está cercado y creemos que será atrapado en cualquier momento”, anticipa el fiscal.
Sin embargo, para Gabriel C., que atrapen a sus estafadores no cambiará mucho la ecuación. Desde que fue denunciado en la municipalidad su vida se volvió un calvario. El hombre entró en una profunda depresión que, hasta el día de hoy, no le permite salir de su casa, ni regresar a su puesto de trabajo.
Fuente: El Patagónico
