Luego de impugnaciones cruzadas por parte los fiscales y los defensores, en esa audiencia el juez de garantías Fabio Monti deberá controlar si la investigación penal cumple con los requisitos para ser elevada a Juicio Oral y Público.
La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson y el Ministerio Público Fiscal estará representado por el Fiscal General Omar Rodriguez.
Entre los imputados se encuentra la ex ministra de educación Graciela Cigudoza, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan están imputados Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho.
Maniobras investigadas
La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.
Según los fiscales detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos. El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación a realizar en 24 escuelas de Rawson y Playa Unión.
En la acusación que será la base de los hechos a ser develados en el debate oral, además de de la falsa competencia, se encargaron de incrementar los montos generando un sobreprecio para hacer más rentable el negocio. Hay que recordar que el Estado anticipó el 50 % del monto total, inmediatamente después de comenzados los trabajos. Los investigadores destacaron además que las tareas a realizar no se condecían con las reales necesidades de los establecimientos. Las maniobras se habrían pergeñado en el mes de enero pasado y la maniobra significó un perjuicio al Estado de 1.465.615 $, de pesos.
Imputaciones
Cigudoza, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores y el resto de los imputados –las personas relacionadas con las empresas- como partícipes necesarios de ese delito.
A Schmidt se le sumó además el delito de violación de pruebas, registros y documentos. Este aspecto está relacionado con los intentar ocultar documentación que lo incriminaba durante el allanamiento a su empresa constructora, cuando arrojó al desaguadero del baño, escritos que antes había destruido parcialmente.
