Durante una audiencia que en principio iba a ser preliminar, las partes acordaron la aplicación de un juicio abreviado previsto en el artículo 355 del código procesal penal, para una persona acusada de graves hechos de abuso sexual en perjuicio de una menor, de acuerdo a la acusación presentada oportunamente por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Fabián Moyano.
Según lo relatado, el hombre que fue defendido por Javier Allende, cometió los hechos imputados a partir del año 2010 y hasta el 6 de marzo de 2020, lapso en que abusó sexualmente de la menor aprovechándose de la relación de dependencia y de convivencia con la niña, desde que contaba con seis años de edad, y su madre.
Los hechos se sucedieron en el transcurso del tiempo en diferentes viviendas y hasta en un hotel alojamiento, incrementándose en su gravedad cometidos por quien dominaba a la pequeña y aprovechándose de su rol de tutor y pareja de la madre, sumado a que la víctima sufrió los abusos durante diez años, lo que provocaron un grave daño psicológico.
Ante todo esto la calificación que cabe es la de abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado por provocar un grave daño en la salud mental de la menor, por resultar ser el tutor de la víctima y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente, todo bajo la modalidad de delito continuado, artículo 119, tercer y cuarto párrafo del código penal.
La pena a imponer por este hecho es de ocho años, pero el imputado había sido condenado en el último mes de noviembre a seis años por una tentativa de homicidio, acordando las partes una pena general de once años de prisión de cumplimiento efectivo. Ante la consulta del Juez, esta decisión contó con el consentimiento del autor responsable quien reconoció los hechos, y también de la víctima que hoy cuenta con diecisiete años y presenció la audiencia junto al asesor de familia, Pablo Rey.
El Juez Gustavo Castro dará a conocer la resolución definitiva el miércoles aunque anticipó la homologación de todo lo expuesto en la audiencia, confirmando la condena a once años de prisión para quien se encuentra ya detenido en dependencia policial.
