El Jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta, se refirió a los destrozos en Rawson tras las manifestaciones contra la minería. «Estamos analizando los daños materiales y acompañando a los distintos responsables de las carteras y edificios que fueron dañados. Los daños son muy graves».
Respecto al operativo para disuadir a los manifestantes, Acosta señaló que «el miércoles teníamos 55 efectivos y ayer fueron 62. Hay personal herido».
Respecto a la seguridad dl gobernador Mariano Arcioni, el Jefe Policial indicó que «siempre tiene custodia por ser la autoridad máxima de la provincia. Para los funcionarios provinciales de alto rango y diputados es lo mismo. Hay distintas formas de custodia».
«Estoy muy dolorido porque es la casa de todos los chubutenses y nos da una pena enorme, mucha tristeza. No hay palabras para describir lo que pasó, uno es chubutenses y ama su provincia. Los que hicieron esto no se merecen ser chubutenses. Lamentablemente es un grupo de violentos y van a tener que pagar las consecuencias».
Cabe destacar que este jueves por la noche, ambientalistas que se oponen a la ley que habilitó la explotación de yacimientos polimetálicos en dos departamentos de la provincia de Chubut, volvieron a protestar frente a la Casa de Gobierno en Rawson, que sufrió serios daños en medio de la represión y los incidentes con la Policía.
En las últimas horas, los manifestantes de Rawson y otras ciudades lograron superar las vallas de contención que ubicó la policía en las ochavas y, una vez que ingresaron a la peatonal que separa la Casa de Gobierno de la residencia del gobernador Mariano Arcioni, comenzaron los destrozos contra la estructura del edificio y un incendio generalizado que obligó a la intervención de los bomberos.
Asimismo, fueron dañadas oficinas del Superior Tribunal de Justicia, donde también funciona la Procuración General, y resultaron quemados árboles de la zona.
Las inscripciones pintadas en las paredes de todo el contorno del edificio gubernamental fueron contra Arcioni y los 14 diputados que aprobaron la ley que habilitó la explotación minera. Se reportaron siete demorados que recuperaron la libertad rápidamente tras la intervención de la defensa pública y de representantes de organismos de derechos humanos.
