La fiscal María Bottini, llevó a juicio seis hechos encuadrados en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, y en relación a dos de los imputados, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por uno de los hechos, al entonces intendente de la localidad se le imputa además, el delito de peculado.
Los imputados son, el entonces intendente de la localidad, Marcos Gustavo Machado, Ernesto Raúl Rocco, Sandra Zaher Azzem y Marcelo Javier Rago. La fiscal indicó la juez José Luis Ennis, al presentar su caso, que es complejo por la cantidad de hecho y de imputados. Estamos ante delitos de “guante blanco”, sostuvo. Bottini resaltó que tiene importancia porque se ha perjudicado a vecinos de la localidad de Río Pico, personas que no tienen un transporte público, muchos no cuentan con movilidad propia.
La magistrada dijo que “estamos ante seis hechos diferentes, relativos a obra pública que debía realizarse entre 2014 y 2015, en el marco del Plan Invertir Igualdad, con fondos provinciales destinados a mejorar la calidad de vida de vecinos de los pueblos del interior.” Consignó que “el primer hecho se vincula a la obra de limpieza de los arroyos Azocar y Montiel que al desbordar inundaban las casas vecinas. Si bien fueron entregados los fondos por parte del Ejecutivo Provincial, la obra no se realizó”. Respecto de las otras cinco se cometieron irregularidades, como el desdoblamiento en etapas para evitar la licitación pública y realizarlo mediante concurso privado de precios, llevando a que las obras fueran asignadas todas a dos empresas, que según adelantó Bottini se demostrará la vinculación entre ambas.
En todos los casos la provincia enviaba los fondos al municipio y este realizaba pagos a las empresas. Las obras no fueron finalizadas o bien se realizaban de manera deficiente, con materiales de baja calidad.
Parte del dinero aportado por provincia, fue cobrado por el Municipio pero no llegó a las empresas. Bottini sostiene que los imputados se dividieron las tareas para defraudar al Estado Provincial y Municipal.
La abogada Laura Carpinetti por la Defensa Pública representa a Rago y Assem, en tanto que el abogado José Julián Ripa, defiende a Machado y Rocco. Los letrados sostienen que las obras se encuentran realizadas y no podrán probarse los delitos enrostrados.
