En otra de las extensas jornadas de declaración de testigos en el marco del juicio oral y público por la causa de la emergencia climática, declaró el martes por la tarde el contador José Luis Velázquez, integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General fue quien realizó pericias contables en las facturas, remitos y expedientes secuestrados por los investigadores de la Unidad Fiscal Anticorrupción.
El perito se encargó de cotejar todos los datos contables administrativos del Ministerio de Familia, del Ministerio de Coordinación de Gabinete y de los comercios y empresas proveedoras durante la emergencia climática que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia durante los meses de marzo y abril del año 2017.
Se refirió a la constatación de la existencia de casas familiares donde hacían figurar domicilios de empresas proveedoras, la utilización de “facturas truchas de empresas con cero movimientos bancarios” además de claros sobreprecios de módulos de alimentos que “por ejemplo costaban 134 pesos y se vendían a la provincia a 450 pesos”.
También respondió a preguntas de los defensores y del querellante que representa a la Oficina Anticorrupción, el abogado Eduardo Conde. Así se refirió concretamente a uno de los comerciantes imputados que facturó con el Estado 6.800.000 pesos y que “apenas si entregó el 10 % de los elementos vendidos” o de otro que vendió al Estado por 4.300.000 pesos y que esas ventas no se pudieron comprobar a través de factura alguna, de alcance legal.
También fue consultado por los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, acerca del origen, motivo y circulación de facturas “truchas”, la evasión impositiva que produce y sus efectos sobre el circuito legal de dinero.
En la mañana de este miércoles se espera que declares testigos que fueron convocados al Juicio desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, además de otros peritos del Equipo Técnico Multidisciplinario.
