El Gobierno comenzó a implementar el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que les permite acceder a una jubilación a mujeres que tengan más de 60 años y que sean madres, pero que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios. La medida, que ya había sido anticipada, se confirmó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 475/2021.
La norma, que fue firmada por el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete, establece que a partir de ahora este grupo podrá computar “un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”, con el único fin “de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU)”.
En caso de adopción de menores de edad, el tiempo que se reconocerá como aporte por parte de la adoptante será de dos años, a los cuales se les agregará otro año adicional si este niño o niña que sumó a su familia tiene alguna “discapacidad”. Por otra parte, aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, 12 meses continuos o discontinuos, podrán computar, además, otros 2 años adicionales de servicio por cada uno de ellos.
De esta manera, se reconocerá un año de aportes por cada hijo; dos años por cada menor de edad adoptado; dos por hijo con discapacidad y tres años por menores adoptados y con discapacidad, o en el caso de que la madre haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses.
Por otro lado, las autoridades nacionales también decretaron que “el período correspondiente a la licencia por maternidad establecida por las leyes de alcance nacional y Convenios Colectivos de Trabajo respectivos”, será tenido en cuenta para calcular “las Prestaciones de Retiro Transitorio por Invalidez o de la Pensión por Fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad”.
No obstante, se aclaró que “los plazos de licencia por maternidad y de estado de excedencia se computarán” para todos los regímenes previsionales que da la ANSES, solamente cuando se verifique “que la mujer y/o persona gestante haya retornado a la misma actividad que realizaba” antes, una vez que finalizó el correspondiente permiso.
De lo contrario, si la trabajadora no volvió a su puesto o lo hizo en uno distinto, “los servicios se computarán como del régimen general”. Según estimaron desde el organismo, unas 155.000 mujeres ya están en condición de solicitar este reconocimiento de aportes. De las cuales, unas 30.000 son titulares de la AUH.
Entre los considerandos, el Gobierno destacó que “quienes adoptan un niño, una niña o adolescente, brindan afecto y dan cobertura a todas las necesidades materiales respecto de los mencionados o las mencionadas, cuando no lo puede hacer su familia de origen”.
Asimismo, sostuvo que “es importante reconocer que el cuidado de hijos y/o hijas con discapacidad implica aún mayor demanda de apoyos y cuidados y que esta situación se ve igualmente afectada por el nudo crítico de la desigualdad de género”.
Por otra parte, recordó que “las estadísticas vigentes” demuestran que del total de las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, “en su gran mayoría son mujeres”.
Al respecto, las autoridades nacionales explicaron que “la situación de quien tiene el cuidado del niño y/o de la niña torna más complejo el acceso al mercado laboral y, en consecuencia, poder completar los requisitos que se exigen para el acceso a las prestaciones previsionales”.
“Además, remarcaron que “la República Argentina ha atravesado, por lo menos en las pasadas cuatro décadas, ciclos recurrentes de contracción de su mercado de trabajo, transitando períodos de alta desocupación e informalidad laboral, situación que devino en evidentes dificultades estructurales para que las personas pudieran tener continuidad en sus trayectorias contributivas a la seguridad social”.
En este sentido, el Gobierno destacó que “las experiencias de inclusión previsional de los años 2005 y 2014″, cuando se aprobaron moratorias para aquellos jubilados que adeudaran aportes, “generaron un proceso virtuoso de extensión de este derecho que hoy sigue alcanzando a más de 3,6 millones” de adultos mayores.
“Dichas medidas tuvieron un importantísimo efecto de género, toda vez que, según los registros de la Seguridad Social y hasta hoy en día, el 74% de las prestaciones que fueron obtenidas por moratoria corresponden a mujeres, dejando en evidencia la necesidad de implementar políticas con perspectiva de género para revertir las brechas en el acceso al derecho a la seguridad social”, se precisó en el Decreto.
Por último, el texto remarca que “el trabajo productivo y reproductivo representan un conjunto de acciones igualmente necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y el sostenimiento de las sociedades, pero que sin embargo no gozan del mismo reconocimiento”.
Por estas razones, la Anses consideró “conveniente adoptar medidas de justicia social orientadas a reparar parte de las desigualdades estructurales que sufren las mujeres a lo largo de su vida y que derivan, en gran medida, de la sobrecarga de las tareas de cuidado y de las inequidades del mercado de trabajo que se acumulan en el largo plazo”.
