Ahora el Congreso de la Nación insistirá con la ley que establecía la distribución automática de los ATN a las provincias. La ley había sido sancionada el 20 de agosto por la Cámara de Diputados y establecía que los ATN debían distribuirse de acuerdo a la ley de coparticipación federal.
Tal como se esperaba, el veto vuelve a encender las tensiones entre el Gobierno y las provincias, en un contexto donde los reclamos por el reparto de recursos se hacen cada vez más frecuentes.
El veto de Javier Milei
Para justificar su veto, el mandatario libertario aseguró que «la naturaleza de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional difiere sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática prevista en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 23.548, en tanto constituye un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de administrador general del país conforme el artículo 99, inciso 1 de la Constitución».
En ese sentido, remarcó que para el Gobierno, esos aportes «consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales».
«La existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático», precisa el texto.
Y detalla que «a lo largo de su vigencia, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional se han constituido en un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas, como fue la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, circunstancia en la que se dispusieron transferencias de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las provincias en la atención de gastos extraordinarios vinculados al sistema de salud y a la caída de la recaudación propia».
«Asimismo, en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, este instrumento fue utilizado para mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias que afectaron gravemente a distintas jurisdicciones», remarca.
