Con 39 presentes, la oposición logró poner en marcha en el Senado de la Nación la sesión convocada para este jueves, para rechazar de forma definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. Además, buscan darle media sanción y girar a Diputados un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). El inicio de la jornada quedó atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica al corazón del gobierno de Javier Milei, por el supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del mandatario, Karina Milei.
Escándalo por los audios de Spagnuolo
En la previa al debate de la Emergencia en Discapacidad, los senadores de la oposición pusieron sobre la mesa el escándalo por los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, en el que se habla del supuesto cobro de coimas, por parte de la hermana del Presidente, al laboratorio Suizo Argentino, a cambio de contratos con el Estado.
Emergencia en Discapacidad: qué dice la ley
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio. En Diputados, la votación para revertir el veto tuvo 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Si la oposición impone una mayoría, Javier Milei no puedo volver a vetar la emergencia en discapacidad.
La otra iniciativa busca la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.
A su vez, se votará la revisión de convenios impositivos con Austria y Francia, suscriptos el 6 de diciembre del 2019, antes del cambio de gestión de Mauricio Macri. En el encuentro de Labor Parlamentaria también se programó una nueva sesión para el miércoles 18 de noviembre a las 11 horas, a donde se incluirían proyectos vinculadas al sector científico y a las campañas de desinformación.
