Un hombre fue condenado por abusar de su hija durante más de 15 años. La acusación por el delito de “abuso sexual agravado por la convivencia y ser cometido contra un menor en la modalidad de delito continuado”, presentada por los fiscales Ivana Berazategui y Alex Williams, fue admitida por el tribunal conformado por las juezas María Alejandra Hernández, María Inés Bartels y Yamila Flores. En la audiencia, los fiscales solicitaron que quede en prisión preventiva alojado en establecimiento carcelario pero el tribunal dispuso arresto domiciliario. La próxima semana se realizará la audiencia para pedir la pena de efectivo cumplimiento que deberá cumplir en prisión.
Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 5 años y se repitieron durante más de 15 años. Como consecuencia de estas agresiones, la víctima dio a luz a un bebé. Las pruebas de ADN confirmaron que el acusado era el padre biológico y esta evidencia fue clave para la acusación. Sin embargo, a pesar de esta prueba, el Tribunal de Juicio integrado por Leonardo Pitcovsky, Marcelo Orlando y Stella Eizmendi resolvió dictar el sobreseimiento del imputado en base a un planteo efectuado por el defensor público Lucio Brondes, considerando que el plazo de investigación se había extendido 20 minutos.
Frente a esta resolución, el Ministerio Público Fiscal presentó una apelación por considerar que había un exceso de rigor formal, ya que el retraso no justificaba cerrar la causa.
La causa recayó en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, que calificó al planteo acusatorio como inadmisible. No obstante, un recurso de queja interpuesto por el procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, elevó las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso hacerle lugar y revocar el sobreseimiento para permitir que el proceso penal continúe.
La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en que la causa penal siga su curso y remitieron sus votos al fallo del caso “Price” -también basado en un caso de Chubut-, al considerar que las provincias no tienen potestad para crear causales de extinción de la acción penal que no estén previstas en el Código Penal, facultad reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
