Con apenas 10 minutos de retraso se reinició la audiencia de reapertura investigación en contra de Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, por el delito de defraudación por administración fraudulenta y que tiene además a su exesposa como coautora del mismo delito.
Al momento de resolver la apertura de investigación contra Quiroga, la jueza Eve Ponce rechazó los argumentos de la Defensa. Justificó el inicio del debido proceso y el aporte de las pruebas de las partes que pueden culminar en la absolución o culpabilidad.
Avaló la legalidad de la denuncia realizada para la posterior dilucidación del caso durante el proceso. La apertura de investigación tuvo un impase de casi un año hasta que se logró destrabar tras los intentos de Quiroga y su defensor para evitar el levantamiento del secreto bancario de las cuentas personales de los ahora imputados en el caso. El sindicalista es defendido por los abogados Oscar Romero y Laura Fernandez, señaló una gacetilla de la Fiscalía.
Los fiscales Omar Rodríguez y Analia Acuña hicieron conocer a Quiroga los hechos por los cuales se les inicia el proceso. Se trata del presunto desvío de fondos desde cuentas de ese gremio a las cuentas personales de ambos. La investigación también detalla los gastos personales realizados por miembros de la familia.
La imputación es la de defraudación por administración fraudulenta en carácter de coautores. El plazo de investigación es el de seis meses.
En la audiencia, el fiscal general Omar Rodríguez dio cuenta de detalles y pruebas reunidas en la investigación, pericias contables, movimiento de fondos entre bancos y gastos personales. Dijo que la imputación tiene el objetivo de que los imputados ejerzan su legítimo derecho a la defensa, se mantiene su estado de sospecha e inocencia hasta que no se pruebe lo contrario.
El defensor Romero
Al momento de la réplica, el defensor Romero se opuso a que se le inicie el proceso penal contra Quiroga. Argumento que los gremios tienen autonomía en cuanto a la administración de sus bienes sin injerencia de mecanismos y controles públicos, citando postulados de la Organización Internacional del Trabajo y la ley que reglamenta las asociaciones sindicales.
Agregó que en las asociaciones sindicales los trabajadores no tienen derechos en los aportes económicos que realizaron al gremio que los agrupa.
En su argumentación, afirmó que las autoridades públicas -en este caso el Estado en su carácter de empleador- no puede inmiscuirse en la administración de los fondos de los gremios. Afirmó que ese control solo le corresponde al Ministerio de Trabajo y que existen estamentos previos a quien recurrir, antes de la intervención judicial.
También cuestiono a los cuatro denunciantes del caso, todos miembros de la conducción de ATE. Afirmó que la denuncia obedece a conflictos internos entre la conducción gremial, respecto a los movimientos de fondos. Refirió que se está usando indebidamente a la Justicia cuando antes debieron realizarse denuncias internas siguiendo mecanismos gremiales. Relacionó el proceso contra Quiroga con una situación presente de conflicto social por cuestiones salariales.
La réplica de Rodríguez
En su réplica, el fiscal general Rodríguez se desligó en cuanto a su función como fiscal, respecto de circunstancias políticas. Revalido el rol de la etapa procesal que significa la audiencia de apertura de investigación, el rol del juez que garantiza la legalidad de las reglas y si se dan las condiciones para cotejar las pruebas que puedan aportar las partes.
Respecto de la injerencia de la Justicia Penal, dijo que -no obstante la autonomía de los gremios- no se puede evitar la intervención judicial ante la presunción de un delito. Cito casos de reconocidos gremialistas llevados a proceso penal por irregularidades y delitos cometidos en su función gremial
Afirmó que sería incongruente que se abra la investigación contra su exesposa Mirta Simone y no contra Quiroga cuando se sospecha que son coautores de un mismo delito.
