El imputado fue detenido por orden judicial el día anterior e intentó recuperar la libertad con un planteo de inmunidad de arresto por fueros sindicales. El planteo fue rechazado por la Fiscalía y denegado por la juez Silvana Vélez. Vasiliev solicitó el dictado de prisión preventiva por tres meses, la defensa se opuso y la juez resolvió dictar la prisión preventiva por quince días para facilitar el avance de las primeras medidas de investigación.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2015 y 2024, en circunstancias en que Mauro Ariel Palma Larreburu se desempeñaba como Jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección Provincial de Servicios Públicos. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que se aprovechó del cargo público que ocupaba para llevar a cabo contrataciones lucrativas vinculadas a una serie de actividades inherentes a un servicio público -como es la energía eléctrica-, cuya incumbencia funcional se encontraba bajo su órbita estatal, en virtud del cargo que desempeñaba y conforme la competencia que le fuera asignada para tal fin.
Los acusadores indicaron que se verificó la vinculación contractual con la empresa “Transacue SA”, dedicada a la generación, transporte y distribución de energía, en donde la Provincia del Chubut posee participación accionaria, y la empresa “Ingenio”, cuya representación comercial ejercía Mauro Palma Larreburu. El objeto de dicha vinculación era la operación y el mantenimiento de la Estación Transformadora El Coihue, y el Mantenimiento Preventivo y Atención de Contingencias de Línea 132 Kv Esquel Coihue.
En ese orden, se habrían utilizado materiales del Estado para beneficios privados, lo que implica un mal manejo de los recursos públicos en favor de intereses personales o particulares, afectando el buen uso de los bienes del Estado.
Asimismo, Palma Larreburu también tendría participación de la empresa “Net42 SA”, junto con otras empresas que tendrían cierta alianza comercial respecto de similares rubros (tendidos eléctricos y de telecomunicaciones), como lo son: «Servisur», «Electricidad Sur», «PSI», siendo que algunas de las mencionadas, también desarrollarían tendido de fibra óptica empleando posteo de alumbrado público de manera irregular, sin convenio y contraprestación alguna para el estado. Así es que, como parte integrante de la empresa comercial y otras sociedades que prestan el servicio de internet, Palma hacía uso de los postes pertenecientes a la Dirección General de Servicios Públicos, que luego él mismo se autorizaba a utilizar en su carácter de funcionario público.
La calificación legal provisoria es la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Prisión preventiva
Vasiliev pidió el dictado de la prisión preventiva por el plazo de tres meses. Sostuvo que existen peligro de fuga, que se aprovechó de su cargo para su beneficio particular, creó empresas particulares y pactó contrataciones con el propio estado durante más de diez años. Habló de la pena en expectativa y del riesgo de entorpecimiento de la investigación, sostuvo que en libertad podría llevar adelante maniobras de destrucción, alteración u ocultamiento de documentación y otros elementos, además de condicionar a los testigos.
La juez coincidió con la Fiscalía en que hay elementos de convicción suficientes para esta etapa del proceso, que acredita la probabilidad de autoría de Palma en los hechos que se le imputan. Tuvo en cuenta las características del hecho, el perjuicio al Estado, que se trata de un servicio de obras públicas, su calidad de funcionario público, todo lo cual le da mayor relevancia al hecho. También mencionó que la pena en expectativa podría ser de cumplimiento efectivo y coincidió en que existe peligro de entorpecimiento, influyendo en coimputados, testigos o peritos. Con estos y otros fundamentos, Vélez dictó la prisión preventiva por un plazo de quince días que podrá extenderse en caso de ser necesario.
