El Gobierno ha calificado las acusaciones de Maduro como «falsas e infundadas», asegurando que carecen de sustento legal. En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad reiteraron su rechazo categórico a las afirmaciones del régimen chavista, destacando el compromiso de Argentina con los derechos humanos y la democracia en la región.
Además, aseguraron que continuarán impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional para responsabilizar a Venezuela por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La posible intervención de la Conmebol podría generar una controversia mayor. Argentina considera que «no se puede jugar al fútbol en un país donde hay cientos de secuestrados», según una fuente gubernamental. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión oficial antes del viernes, cuando Maduro asuma un nuevo mandato hasta 2030.
Por ahora, la estrategia albiceleste también incluye mostrar respaldo a los opositores venezolanos. Recientemente, el presidente Milei compartió el balcón de la Casa Rosada con Edmundo González Urrutia, un líder opositor que visitó Buenos Aires. Además, el gobierno ha buscado mantener la presión internacional sobre Venezuela, lo que consideran un paso clave para proteger a Gallo y asegurar que el caso no quede en el olvido.
La incógnita sobre la sede del Sudamericano Sub-20 sigue abierta. Mientras tanto, la escalada diplomática amenaza con impactar no solo en el fútbol, sino también en la estabilidad de las relaciones entre ambos países.
