El jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, se opuso hoy al pedido de los defensores de seis de los siete imputados de la causa Ñoquis Calientes, que reclamaron que sus clientes sean beneficiados con la suspensión del juicio a prueba. “Los casos de corrupción se deben resolver en un juicio oral y público. La publicidad es fundamental y lo que demanda la sociedad”, dijo el investigador.
Los jueces Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y Raquel Tasello se encuentran analizando si los involucrados serán sometidos a un juicio o si se podrán acoger a una probation por dos años y el pago además de 300 mil pesos en tres cuotas consecutivas.
La audiencia se realizó en la Oficina Judicial de Rawson a pedido de los defensores Romano Cominetti y Francisco Romero, que asisten a los siete imputados. Para ambos “se dan las condiciones de evitar el juicio oral y público”, no obstante considerar “la inocencia de los imputados” en caso de llegarse a esta instancia.
Según el parte de prensa de Fiscalía, indicaron que los imputados no tienen antecedentes y las penas previstas no son de efectivo cumplimiento. Branco Rodera Neira, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto Reyes, Jackelina Rodera y Adriana Cañumil, ofrecieron pagar 300.000 pesos en tres cuotas consecutivas.
Por su parte, el fiscal Rodríguez destacó la jurisprudencia de la Cámara Penal de Trelew en casos de corrupción, que revela que cuando se trata de particulares que no son funcionarios, pero participan en hechos de corrupción junto a funcionarios públicos no le corresponde el benéfico.
Esa Cámara sostiene hace varios años, en función de casos por corrupción, los compromisos asumidos por el Estado respecto de las obligaciones en cumplimiento de los pactos y las convenciones internacionales contra la corrupción que tienen jerarquía constitucional.
Todos estos compromisos -según el fiscal – “son claros” al momento de destacar que quienes son asesores de funcionarios públicos, deben ser considerados de esa condición. “Estos hechos de corrupción que afectan dineros del Estado afectan los derechos humanos porque afectan la salud, la educación, entre otros organismos del Estado. Por ello deben ser ventilados en juicios orales y públicos con la debida publicidad”, citando al camarista Alejandro De Franco. Señaló también expresas instrucciones generales del procurador Jorge Miquelarena, que fija la política criminal a seguir.
Rodríguez pidió que todos los imputados sean sometidos a juicio “a la mayor brevedad”.
La exministra de Familia y exdiputada provincial, Cecilia Torres Otarola, no reúne las condiciones procesales para obtener la probation. Pero igual debió participar de la audiencia. Le imputan fraude a la administración pública, concusión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el fiscal Rodríguez, la ex funcionaria “resultó una pieza central de la actividad delictiva investigada”.
La escala penal parte desde los dos años de prisión, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estimó que al momento de pedir pena de prisión para “Chechu”, no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
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