Se trata del artículo clave que el Gobierno intentó blindar a toda costa y que a punto estuvo de verlo naufragar. La votación en el Senado terminó empatada en 35 y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su carácter de titular de la Cámara alta, terminó por aprobarla.
Así, Milei tendrá finalmente las facultades excepcionales delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética que ansiaba para poder pasar por encima del Congreso de la Nación.
Las voluntades que se exhibieron en la votación general de la ley Bases se replicaron en la definición del primer artículo del proyecto, que permite al Presidente de la Nación realizar reformas sin pasar por el Congreso, que se circunscribirá a fiscalizar al Ejecutivo.
En el camino sin embargo el Gobierno tuvo que ceder, y mucho, y realizó concesiones que permitieron que las facultades delegadas, inicialmente pensadas en 11 materias, pasen a apenas 4: materia administrativa, económica, financiera y energética
Además inicialmente la delegación de facultades iba a ser por dos años con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las prorrogara por otros dos años sin necesidad de pasar por el Congreso de la Nación. Ahora será por un solo año, prorrogable por un año más con acuerdo del Congreso.
Delegación de facultades legislativas
El artículo 76 de la Constitución nacional “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública”. Establece, además, que esa delegación debe ser “con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
“La delegación legislativa es la habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo. El Congreso conserva la titularidad de la facultad legislativa delegada, puede ejercerla mientras transcurre el plazo de la delegación e incluso puede reasumirla anticipadamente derogando la ley mediante la cual se otorga”, explicó el constitucionalista Alfonso Santiago (h).
Y agregó: “El fundamento que se ha esgrimido para permitir constitucionalmente la delegación legislativa es que la demanda normativa que requiere el adecuado funcionamiento de los sistema políticos contemporáneos, no puede ser adecuadamente atendido por el procedimiento ordinario de sanción de las leyes, dada la cantidad y complejidad técnica, y la rapidez de respuesta normativa que es necesaria para el eficaz desenvolvimiento de la vida política en nuestros días”.
Durante el período que dure la delegación en materias determinadas o por emergencia pública, el Presidente, con su firma y la del Jefe de Gabinete, puede ejercer funciones legislativas a través de decretos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por el Congreso en la ley de delegación, lo que se conoce como “las bases de delegación”.
Los decretos de delegación legislativa tienen un control similar a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). De hecho, están regulados por la misma ley, la 26.122. Dentro de los 10 días de dictado el decreto de delegación legislativa, el Jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la misma que controla los DNU. Aquí corre un criterio similar: la Comisión debe pronunciarse sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado, no a la conveniencia del decreto.
Tras emitir dictamen, debe elevarlo al plenario de cada cámara para su “expreso tratamiento”. Para que el decreto pierda vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Antecedentes de facultades delegadas
El 6 de enero de 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que declaraba este estado en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. La norma implicó la delegación legislativa en esas materias.
Originalmente, la emergencia se extendía hasta el 10 de diciembre de 2003, pero fue prorrogada consecutivamente durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, es decir, hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri.
Por su parte, el ex presidente Alberto Fernández promovió en diciembre de 2019 la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, donde se declaró la emergencia pública “en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. La medida se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023.
