Cuando Ignacio Torres y Facundo Ball asumieron sus cargos en la gestión provincial y el Ministerio de Economía respectivamente, decidieron no utilizar el presupuesto elaborado por la administración anterior. En su lugar, optaron por reconducir el presupuesto del año 2023. Esta decisión significó que los primeros seis meses del año se gestionaran con una estimación económica desactualizada, establecida antes del cambio de gobierno nacional, y basada en parámetros de regalías, valor del dólar y recaudación que ya no son aplicables.
Este contexto ha generado un agotamiento de los ingresos previstos, dejando a prácticamente todas las áreas del gobierno sin fondos suficientes para operar. La administración pública de Chubut ha estado funcionando con recursos limitados y, en muchos casos, las cajas de los organismos estatales ya están vacías. Esto ha llevado a una situación crítica en la que los responsables de diversas áreas del gobierno están constantemente preguntando cuándo se aprobará la ampliación presupuestaria necesaria para mantener las operaciones en la segunda mitad de 2024.
Hasta el momento, el gobierno provincial no ha establecido una fecha concreta para el envío del proyecto de ley que contemple la ampliación presupuestaria. Existe incertidumbre sobre si será el actual ministro de Economía quien presentará la propuesta o si esta responsabilidad recaerá en su sucesor. Esta falta de claridad está generando una gran preocupación entre los funcionarios y las instituciones que dependen de estos recursos para continuar con sus actividades esenciales.
Es imperativo que el gobierno actúe con rapidez para enviar el proyecto de ley de ampliación presupuestaria. Con los recursos agotados y las necesidades crecientes, cada día que pasa sin una solución agrava la situación financiera de los organismos estatales. La urgencia de esta medida es evidente, ya que todos los sectores están al borde de una parálisis operativa, «rascando el fondo de la olla» para mantener sus funciones básicas.
