El Gobierno Nacional realizará una auditoría y frenará el pago de indemnizaciones a víctimas de terrorismo de Estado hasta que se confirme en un 100% la veracidad de los fundamentos para ese reconocimiento, así se confirmó en la resolución que compartió el titular de la cartera de Justicia, Cúneo Libarona en redes sociales.
De esta manera, ordenó “la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”.
“La auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, y que confirmó la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”, explica el documento.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, agrega.
En tanto, se advierte que “existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.
“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, detalla el escrito.
Por otra parte, “la auditoría va a frenar los pagos y los reconocimientos hasta contar con información 100% veraz que fundamente el reconocimiento de los beneficios”.
