La jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal de tres días para resolver si el secretario general de la ATECH Daniel Murphy es sometido o no, a un juicio oral y público por dañar a patadas una puerta de vidrio del Ministerio de Economía de la Provincia, durante una movilización de afiliados a ese gremio ocurrida el 22 de junio del año pasado.
Manuel Salgado, el abogado defensor del sindicalista docente, ofreció que se aplique la figura de la “conciliación” mediante la reparación del daño causado, pero la fiscal general Florencia Gómez y el querellante de la Fiscalía de Estado Martín Castro, se opusieron teniendo en cuenta lo que consideraron un hecho “grave”. El “daño agravado” -tal como el hecho fue calificado penalmente por los acusadores-, se justifica en que fueron afectados bienes públicos del Estado.
El defensor del gremialista consideró que se está frente a un “daño simple” y la fiscal y el querellante consideraron además que esté planteo se realizó fuera del tiempo procesal.
Luego de escuchar a las partes en una audiencia realizada este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías afirmó que se tomará el plazo legal de tres días para resolver los planteos de fiscalía y querellante por un lado, y del defensor del gremialista imputado por el otro.
En caso de que el proceso llegue a la instancia del juicio oral y Murphy sea hallado culpable, la pena anticipada que pedirían los acusadores, es la de tres años de prisión más la prohibición de ocupar cargos públicos.
El defensor Salgado ya anticipó que en el juicio oral quedará acreditado mediante testimonios, que Murphy no tuvo intenciones de dañar el vidrio.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía capitalina cuenta con testimonios y una filmación que lo muestran a Murphy dando tres patadas a uno de los vidrios de la puerta del Ministerio de Economía en Rawson, durante esa manifestación. Fue a las 12.15 de aquel día en el marco de una marcha de protesta que realizaba un grupo de manifestantes nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado.
