Una denuncia, por parte del concejal comodorense Omar Lattanzio, motivó que la División Policial de Investigaciones (DPI), a cargo del comisario Pablo Lobos, comenzara una serie de averiguaciones en virtud de una presunta estafa por parte de una cooperativa.
Una denuncia, por parte del concejal comodorense Omar Lattanzio, motivó que la División Policial de Investigaciones (DPI), a cargo del comisario Pablo Lobos, comenzara una serie de averiguaciones en virtud de una presunta estafa por parte de una cooperativa.
Así, las medidas se efectivizaron en domicilios de los barrios Roca, Pueyrredón y Standard Norte, desde las 11 de la mañana de dicho día, contando con resultados positivos, dado que se pudo secuestrar documentación inherente al IPV y celulares que serán peritados.
Por el momento no se realizaron detenciones ni imputaciones formales dado que aún la causa se encuentra bajo investigación y una vez que se cuente con todo el material probatorio el Ministerio Público Fiscal avanzará en lo propio.
Otra causa: IPV II
En 2019 Maximiliano González, funcionario de la Delegación Zona Sur del IPV con sede en Comodoro Rivadavia, comandó un grupo dedicado a la comercialización y venta de viviendas del IPV, cuestión prohibida por el FONAVI. De manera que se avanzó en su detención junto a los integrantes del grupo delictivo: Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen.
Solicitaban sumas de dinero de entre $150.000 a $300.000, a las víctimas para que puedan acceder a la adjudicación directa, sin pasar por el proceso requerido por el instituto que prioriza diversas situaciones, al tratarse de viviendas sociales. Así 227 personas fueron afectadas por esta maniobra y cerraron 600 transacciones hasta 2020.
En medio del proceso judicial, la mayoría de los sindicados fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba, tareas comunitarias y la entrega de dinero destinados a fines específicos mientras que la causa se elevó a juicio para Maximiliano González, quien comandaba la asociación ilícita, y como organizadores para Claudia Soledad Britez y Ariel Alberto Villagrán.
La condena de Reyna
Años atrás una denuncia permitió desbaratar otra organización que asignaba viviendas a personas que no cumplían con los requisitos exigidos por ley.
En aquel momento, se conoció que entre 2011 y hasta 2014, concretaron las maniobras para entregar ilegalmente viviendas en el plan de 81 viviendas de Ciudadela.
Según la imputación, Abel Reyna, titular del organismo en aquel momento, había organizado a un grupo de empleados del IPV, integrado por Darío Acosta, Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro, Vanesa Lorena Medina y Claudia Leonori, quienes falseaban los datos de los postulantes para que pudieran acceder a la adjudicación directa, pidiendo no sólo dinero para ello, sino también favores sexuales.
Tras el juicio, en 2019, Reyna fue condenado a tres años de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos o empleo público, pero tras la impugnación los tres años de prisión terminaron siendo de cumplimiento condicional.
Todo ello por los delitos de cohecho en concurso real con concusión, ambos en concurso ideal con incumplimiento con los deberes de funcionario público, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, dos hechos en concurso real.
Los restantes, Acosta, Antimilla, Caro, Medina Consoli y Leonori, accedieron a la suspensión de juicio a prueba, pero se indicó que realizarían horas de trabajo comunitario y el aporte de un resarcimiento económico.
