El Gobierno nacional declarará como «servicio esencial» a la educación en medio del conflicto con los gremios docentes en la previa del inicio de clase. Saldría en los próximos días a través de un Decreto, según confirmaron fuentes de presidencia a Data Clave.
Esta medida estaba contemplada dentro del proyecto de “Ley Bases” que terminó cajoneada en el Congreso tras el rechazo de Unión por la Patria y los bloques “dialoguistas” de la oposición.
“Declarar a la educación como servicio esencial es sacarse el problema de encima, es mentirles a los padres”, sentencia Flavio Buccino, quien fuera maestro de grado en escuelas primarias entre 1985 y 2003, hoy consultor en educación y referente de Argentinos por la Educación.
En caso de ser aprobada la medida, la educación sería reconocida como “un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado”. A su vez, implica que, ante una medida de fuerza, se deba garantizar la continuidad escolar, por lo que se limita el poder de las huelgas docentes.
La pregunta es: ¿resolvería esta determinación la crisis educativa que atraviesa la Argentina? Buccino, especialista en gestión educativa, responde con vehemencia que no. “Las escuelas tienen una doble función: enseñar y dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero no la primera. Se enmascara de política educativa algo que es meramente una norma de regulación del trabajo en el área de la educación. Se está queriendo minimizar el costo del conflicto y lo que hay que hacer es resolverlo”, detalla.
En caso de ser aprobada la medida, la educación sería reconocida como “un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado”. A su vez, implica que, ante una medida de fuerza, se deba garantizar la continuidad escolar, por lo que se limita el poder de las huelgas docentes.
Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, otra organización sin fines de lucro que trabaja por la educación, va en la misma línea. “La declaración de servicio esencial no va a impedir el problema educativo argentino. Requiere una guardia mínima, pero la guardia mínima no va a ser educación de calidad; no va a ser educación en sí misma, sino que va a ser una curita”, señala.
“Se necesita algo mucho más amplio, un plan integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran problema”, concluye Álvarez Trongé, que también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Hay dos derechos que entran en conflicto. Por un lado, el derecho a huelga que tienen los docentes como trabajadores. Y, por el otro, el derecho a una educación pública de calidad que se les debe garantizar a los chicos. “Se debe buscar conciliación para encontrar un equilibrio entre ambos derechos”, sostiene Fabio Tarasow, docente de nivel primario e investigador en Flacso.
La cobertura del 75% que propone el gobierno nacional, mediante la cual en las escuelas debería haber en todo horario escolar una parte de la plantilla docente para recibir a los alumnos, apunta justamente a buscar ese equilibrio: una parte trabaja, otra se manifiesta.
“Lo del 75% complejiza, no resuelve el problema de la calidad educativa. ¿Quiénes van a parar? ¿Cuándo? ¿De qué manera?”, se pregunta Buccino. No está claro.
