De esta manera, el Gobierno fijó que el aumento del primer y segundo trimestre de 2023 tenga efecto para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de este año. Mientras tanto, los demás incrementos están previstos para el 1° de abril y el 1° de mayo.
En el considerando de la norma, el Ejecutivo plantea que esta decisión tiene como objetivo “iniciar un proceso de regularización de los referidos incrementos remanentes, resulta razonable diferir parcialmente sus efectos, así como los de la actualización correspondiente al cuarto trimestre calendario del año 2023″.
De igual forma, la Secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, ya había adelantado que espera que el sendero de “sinceramiento” en el precio de los combustibles se dé gradualmente tras los fuertes incrementos acumulados en los últimos meses.
En ese sentido, el Gobierno explicó que “se postergaron los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos precitados, derivados de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, hasta el 1° de febrero de 2024, inclusive”.
Más allá de la postergación de la actualización de la carga tributaria, las petroleras igual aplicaron un nuevo aumento en el precio de las naftas y el gasoil. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper pasó de $699 a $744 y la premium, de $862 a $918. En tanto, el gasoil súper subió de los $736 a $784, mientras que el gasoil premium de la petrolera estatal subió de $938 a $998.
Se aguarda qué ocurrirá con el resto de las empresas, pero se descarta que se sumarán al aumento.
Los nuevos precios se suman a los fuertes incrementos de los últimos dos meses, que hasta ayer habían sido del del 155 por ciento promedio.
Qué son los impuestos a los combustibles
En detalle, los impuestos al combustible tienen un mecanismo de actualización basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del trimestre previo, en línea con lo que prevé la normativa vigente desde 2018.
Si bien la premisa oficial es la liberalización de los precios, corregir todo el retraso implicaba un efecto directo en la inflación en medio de los aumentos de otros servicios regulados y, en consecuencia, sobre los bolsillos de los consumidores.
