El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó este viernes que dispuso la suspensión del pago a 4.588 beneficiarios del programa «Potenciar trabajo» por presentar «incompatibilidades para acceder a dicho plan».
«La investigación, llevada a cabo por el fiscal (federal Guillermo) Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 13 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan», explicó la cartera a través de un comunicado.
Según el Ministerio de Capital Humano, la investigación abarcó a Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
La investigación abarcó a Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó el martes pasado que el Gobierno Nacional había iniciado una auditoría «en todos los planes potenciar trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta».
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.
El fiscal investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible
El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.
La fiscalía investiga posibles delitos de «violación de deberes» de funcionario público por omisión de controlar y «defraudación» y ya detectó 8535 casos.
La fiscalía investiga posibles delitos de «violación de deberes» de funcionario público por omisión de controlar y «defraudación» y ya detectó 8535 casos.
Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.
Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de «Potenciar Trabajo» viajaron al exterior, muchos de ellos «en numerosas oportunidades».
El integrante del ministerio público pidió investigar «presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
