La referente del Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut, Pamela Demes manifestó su mirada sobre esta nueva modificación de la ley e hizo hincapié en la propuesta de generar adecuaciones según los contextos de cada provincia.
Considerando las discusiones que se dieron en el marco de los debates en el Congreso, manifestó su conformidad con lo reglamentado: “Creemos que las modificaciones preservan la mirada de Derecho Humano de las personas que no tenemos vivienda, además de ser un logro para las organizaciones inquilinas de todo el país el haber frenado el despropósito que se planteó inicialmente y que implicaba un retroceso inconstitucional en los Derechos de la población inquilina, sin garantizar en absoluto una mejora de la actual crisis de la oferta de vivienda en alquiler asequible”, enunció.
Además, enfatizó en la importancia de dejar abierta la posibilidad de ahondar en mayores acuerdos a nivel provincial: “Es interesante que, en el último capítulo de la ley, el Congreso de la Nación invite a legisladoras y legisladores provinciales a generar reglamentaciones acordes a la necesidad que se vive en medio de esta crisis habitacional y la devolución constante de los salarios de las familias trabajadoras”, comentó.
Aunque apuntó contra los legisladores provinciales: “Nos parece importantísimo porque hemos realizado desde el Sindicato varios acercamientos a los diferentes bloques y ni siquiera han respondido a los mails institucionales, mucho menos en las redes”.
“Necesitamos más de $1.000.000 para ingresar en una vivienda”
Teniendo en cuenta las particularidades de Chubut, manifestó en cuáles aspectos se podría trabajar regionalmente desde la legislatura: “Aquí podrían aprovechar a regular los montos de inicio de contratos que son la parte más abusiva y sin regulación hasta el momento”, indicó Demes.
A lo que sumó: “En septiembre, la canasta básica de alimentos de la familia tipo en Chubut estuvo en $350.000 y un alquiler de dos habitaciones ronda los $180.000, $200.000; necesitamos más de $1.000.000 para ingresar en una vivienda y más del 80% de las relaciones de alquiler son sin factura, fuera de la ley y muy abusivos en sus condiciones, sin contar la violencia habitacional de que no nos alquilen cuando tenemos hijos e hijas”, expresó.
A pesar de la falta de acompañamiento recibida hasta el momento, Demes sostuvo que esperan que haya algún tipo de acercamiento hacia el sector de inquilinos. “Por nuestra parte seguimos convocando a diputadas y diputados provinciales a trabajar en los proyectos que les presentamos y la creación de un Servicio de Acompañamiento en las Relaciones de Alquiler, que jerarquice y valore el trabajo que hemos hecho ad honorem estos 3 años y medio como organización social; y que se declare la emergencia habitacional”, dijo.
Y para finalizar, recordó el Amparo Judicial para la puesta en marcha del Programa de Alquiler Social. “Estamos esperanzadas en la acción del Amparo Judicial que llevamos adelante junto a 30 organizaciones inquilinas y de hogares monomarentales de todo el país, en pos de exigir al Estado la puesta en marcha del Programa de Alquiler Social sancionado en 2020 dentro de la Ley de Alquileres”, concluyó.
