El tribunal colegiado integrado por Gustavo Castro, Marcelo Nieto Di Biase y Fabio Monti dio inició a un debate oral en el que se juzga a dos sujetos acusados de abuso sexual agravado en perjuicio de tres hermanos menores de edad.
Durante la jornada del martes 29 de febrero del corriente en la sala de audiencias del sexto piso del edifico de tribunales de Trelew, comenzó una audiencia de debate oral en la que están acusados dos sujetos –padre e hijo– por cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por distintas circunstancias, entre las que se encuentran la convivencia preexistente, la duración en el tiempo y el contexto de violencia de género en perjuicio de tres hermanos menores de edad, que son nietos y sobrinos de los acusados.
Alegatos de inicio
La acusación estuvo a cargo de la fiscal general Jefa Silvia Pereira y la fiscal general Claudia Ibáñez, quienes sostuvieron su teoría del caso y afirmaron que quedarán probados los hechos ocurridos en junio de 2020, en un domicilio del barrio Tiro Federal cuando uno de los imputados, luego de recuperar la libertad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con uno de los menores, condujo al mismo a una habitación para abusarlo sexualmente.
Los hechos se reiteraron en el tiempo, apelando a la modalidad de delito continuado. El segundo hecho ocurrió en enero del año 2020, en el mismo domicilio del barrio Tiro Federal de esta ciudad, cuando el acusado, aprovechando la situación de convivencia preexistente con otro menor, hermano del anterior, en la habitación que compartían transitoriamente la víctima, también abusó sexualmente de éste.
Y el tercer hecho ocurrió en febrero de 2021 y hasta octubre de ese año -fecha en que los menores son trasladados al hogar de niños- oportunidad en la cual el imputado, aprovechando la situación de convivencia preexistente, abusó sexualmente también de la hermana de las menores víctimas. Los hechos ocurrieron de domingo a lunes de acuerdo al relato de la menor, lo que apela a la modalidad de delito continuado.
Respecto del otro imputado, el hecho ocurrió en febrero de 2020 y hasta octubre de 2021, en el mismo domicilio anterior, cuando el acusado, conociendo la edad de la víctima y el vínculo que la unía con la misma, aprovechando la convivencia preexistente, abusó sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron en un número indeterminado de veces que apelan a la modalidad de delito continuado.
Postulación de la defensa
El defensor público, Carlos Flores Pericich, en representación de los dos imputados sostuvo en su alegato que sus representados son inocentes, fundamentando este postulado en la falta de prueba respecto de los exámenes periciales practicados a las víctimas. Sostuvo que la acusación no es circunstanciada y no está acompañada de la evidencia que se requiere para imputarles el delito de abuso sexual a sus asistidos.
El defensor adelantó al tribunal que escucharán sobre la situación de vulnerabilidad en la que han vivido los niños, puntualmente en un contexto de violencia intrafamiliar extrema que desencadenó en el hecho que su padre perdiera la vida a manos de la madre. En relación a ello, y a esa situación de desprotección, el Estado asistió a los niños, aunque de manera deficiente, graficó. Y a partir de esa intervención es que se pudieron conocer más circunstancias de vida de las víctimas que, además de los hechos de violencia física y falta de valores, se desarrollaron a temprana edad dentro de un marco de promiscuidad sexual. En función de ello, el defensor afirmó que en ese contexto es que las víctimas se desarrollaron e incorporaron como un valor natural y cultural la sexualidad. Manifestó que los niños han desarrollado un lenguaje no propio a la edad que tienen.
Estado de vulnerabilidad
En su teoría del caso, el defensor Pericich planteó el derrotero que han sufrido los niños desde la violencia sufrida por sus padres, para luego de intervenir el Estado, ser alojados en el hogar de niños, ya que la familia materna no estaba en condiciones de asumir sus cuidados, para finalmente poder ser aceptados por la familia paterna –sus representados en juicio- que, manifestó, tienen una vida religiosa más rígida y que colisionaba con las manifestaciones de índole sexuales incorporadas como naturales y que reproducirán en ese ámbito, no eran aceptadas y eran corregidas por la familia paterna de costumbres conservadoras. En esa dinámica se producen los conflictos que, según el defensor, las victimas utilizaban ante los organismos de protección para no continuar en ese ámbito familiar. También deslizó la posibilidad de abuso sexual ente los hermanos y que esa circunstancia, la estarían orientando hacia sus asistidos.
Concluyó que el relato de las víctimas es falso. También el asesor de menores, Pablo Rey, dio cuenta del estado de vulnerabilidad de derechos en que se encontraban los niños, la afectación psicofísica sufrida por un contexto pocas veces visto, graficó el asesor de menores. Coincidió con el defensor de los acusados, que más allá de la responsabilidad que le quepa cada uno, las intervenciones han sido ineficientes. Confirmó la violencia sufrida con anterioridad, agregando la situación de la madre que padecía un trastorno mental grave, que profundizaba aún más la violencia recibida por los niños.
Agregó sobre las diferentes instancias de abordaje que ese ministerio pupilar debió afrontar. Y también acompaño la teoría del caso que sostiene el MPF.
Luego de escuchar a las partes, el tribunal dio paso a la etapa de producción de pruebas estimando su duración hasta la semana próxima.
