Además, la profesional específico que «lo que atañe a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas».
Sólo 7 provincias adhirieron a la Ley de Etiquetado Frontal
Sólo 7 provincias se adhirieron a la Ley de Etiquetado Frontal, de las cuales, 4 (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente adhirieron y 3 (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación pero no respecto a componentes principales de la ley.
Además, se relevó que de las siete que avanzaron ninguna dictó normas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos ni normas que detallen cómo, desde las compras públicas, se garantizará una mejora de la calidad alimentaria.
En cuanto al componente de publicidad, promoción y patrocinio, la vía pública y los puntos de venta (dos ejes en donde las provincias cobran mayor relevancia) tampoco se pronunciaron.
También aclararon que en la provincia que no adhirió igual los productos tienen los sellos octogonales y también se puede denunciar una publicidad que no cumple con los requisitos de la ley en los canales habilitados por el Ministerio de Salud.
Sin embargo, en esos dos aspectos críticos (entornos saludables y compras públicas) la falta de regulación local hace peligrar la implementación de la ley,
Ley 27.642 conocida como «de Etiquetado Frontal»
La Ley 27.642 de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como «de Etiquetado Frontal» se sancionó el 26 de octubre de 2021 y el 23 de marzo de 2022 se publicó el decreto reglamentario 151/2022.
Uno de los ejes centrales es la colocación de sellos a los productos que tengan exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías.
Este 9 y 10 de agosto se realiza el primer Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina que, en esta ocasión, está focalizado en debatir los avances y desafíos de la nueva ley.
Del encuentro participan referentes del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ley en Argentina, representantes de comedores comunitarios y de organizaciones socioambientales, referentes de organismos internacionales como Unicef y de países con ley de etiquetado frontal como Chile, México, Perú, Colombia y Uruguay.