La batería de propuestas de los libertarios incluye privatizaciones, la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos, la libre portación de armas, la desaparición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y avanzar en la dolarización de la economía.
En la plataforma se admite que el objetivo de la coalición de ultraderecha es «volver a ser el país pujante que éramos a comienzos del año 1900». Para ello, proponen una reforma «integral», dividida en tres etapas, que llevará, según sus cálculos, 35 años.
En la primera, se propone un «fuerte recorte del gasto público», «baja de los impuestos» y «flexibilización laboral»; que acompañarían una reforma financiera con una «banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas».
La segunda, promete barrer con el sistema público de jubilaciones y pensiones, promoviendo su privatización, un programa de retiros voluntarios, la eliminación de los planes sociales y la «liquidación del Banco Central».
Ya en un tercer nivel, se avanzaría con la privatización de los sistemas de salud y educativo.
En el marco del achicamiento de los servicios estatales, Milei propone la «privatización de las empresas públicas deficitarias» y el financiamiento de la obra pública mediante iniciativas privadas. La dolarización como variante a la «competencia de monedas que permita a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente», una vez eliminado el cepo cambiario y suprimido el Banco Central.
También se avanzaría con la eliminación de las retenciones a las exportaciones y los derechos de importación. Asimismo, la reforma laboral apunta a reducir cargas patronales e imponer un «sistema de seguro de desempleo» que reemplace a las indemnizaciones por despidos sin causa.
Como compañera de fórmula, Milei oficializó días atrás la precandidatura a vicepresidenta de la Nación de la negacionista y defensora de genocidas, Victoria Villarruel. Entre las propuestas para el área de seguridad del tándem que busca llegar a la Casa Rosada se incluye poner fin a la «ideologización a favor del detenido» en las unidades penitenciarias y propone avanzar en la «militarización de los institutos durante el período de transición» hasta la privatización de las cárceles.
También promueven «reducir la edad de imputabilidad de los menores» y «eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas». También plantea desregular el mercado legal para la tenencia de armas de fuego y «proteger su uso legítimo» por parte de los ciudadanos.
Proponen además fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación en uno solo siguiendo la visión empresarial de ese espacio político: el ministerio de Capital Humano. En esta categoría, proponen «proteger al niño desde la concepción», es decir eliminar el aborto libre, legal y gratuito y «eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza».
Además, se avanzaría en una desregulación estas áreas. En Salud, esto implica «arancelar todas las prestaciones», la «creación de un seguro universal» que sea «proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio» y «que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar». En tanto, el sistema educativo público será reemplazado por un «sistema de vouchers», se incentivará la «competencia entre instituciones» y se modificará el estatuto docente para facilitar la «posibilidad de despido».
