La iniciativa que lleva el nombre «Ley Lucio» fue aprobada este miércoles último en la Cámara de Diputados, con 228 votos a favor y 28 ausencias por parte de los legisladores.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ahora, el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, se encargará de elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
