En el Gobierno hacen hincapié en que se trata de un «acuerdo voluntario» entre las partes, algo que se ve favorecido porque los empresarios perciben que hay algunos argumentos de política económica que se están «cumpliendo».
En este contexto, no descartan incluso que este viernes se «sumen 50 o 60 empresas más» a las casi 500 que ya comprometieron su participación, particularmente «en el rubro textil, que por estas horas lleva adelante reuniones para alinearse en el programa Precios Justos.
Este relanzamiento del programa adelanta a febrero los lineamientos centrales del acuerdo anunciado en noviembre del año pasado, que en principio se iba a extender hasta marzo, en el que se estipulaba un promedio de aumento mensual del 4% con la participación de 102 empresas.
Esta vez los números son más ambiciosos: el promedio de aumento baja al 3,2% y la cantidad de empresas casi se quintuplica.
La ampliación prevé mantener una canasta de 2.000 productos con precios congelados, que se estima subirán alrededor del 9% respecto a enero, y que serán rotativos de acuerdo a la producción de cada empresa.
«La idea es tener orden y previsibilidad, con el objetivo de enfocarnos en la pauta del 3,2% por encima de otros detalles, atendiendo permanentemente la relación de los macro y los microdatos», indicaron las mismas fuentes.
Precisamente esta nueva etapa se reforzará con un software desarrollado en conjunto por Arsat y Amazon, que le permitirá a la Secretaría de Comercio llevar adelante un control minucioso de la evolución de los precios y, consecuentemente, del compromiso asumido por las empresas en general.
Tras la experiencia inicial de Precios Justos, en la Secretaría de Comercio consideran que los productos que integran el acuerdo deben ir rotando para evitar el «exceso de demanda», de manera de poder evitar una suerte de tensión en términos de abastecimiento.
En el Gobierno destacaron la responsabilidad de las empresas para mantener los límites del acuerdo, si bien reconocieron que se percibieron desvíos que en algunos casos fueron justificados debidamente, mientras que en otros casos se procedió a labrar las actas correspondientes.
De hecho, durante el mes de enero se llevaron adelante más de 2.700 inspecciones principalmente en grandes bocas de expendió y se labraron 320 actas.
Respecto a la eventual participación de los sindicatos o movimientos sociales en tareas de control de precios, se aclaró que el «Estado no delega el control absolutamente en nadie», a excepción de los acuerdos suscriptos con los municipios para fortalecer los controles.
Los detalles del acuerdo voluntario se cerraron en los últimos días y, además de los productos de consumo masivo, se avanzó con otros rubros como calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil e insumos difundidos.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de adelantar los acuerdos se dio luego de una evaluación de las metas fiscales y de acumulación de reservas, al entender que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos en el marco de un sendero promedio y ampliando la participación de sectores y empresas
De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos meses dado que casi 500 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio próximo.
