Dos mujeres que se desempeñaban en el momento de la denuncia como empleadas del Ministerio de Educación deberán donar alimentos no perecederos o artículos de limpieza a una entidad de bien público por un valor de 40.000 pesos, por haber mentido al brindar sus testimonios con el objetivo de apartar a los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams que se encuentran a cargo del proceso penal por sobreprecios en obras contratadas por el Ministerio de Educación, cuando era su ministra Graciela Cigudoza, una de las imputadas en la investigación.
Se trata de Cynthia Evans y Luciana Di Rico que este lunes en una audiencia de debate se planteó como cuestión previa la suspensión de juicio a prueba y con acuerdo de la Fiscalía y los defensores de ambas, fueron conminadas por la jueza Breckle a la compra de los alimentos o artículos de limpieza que a través de la Oficina Judicial de Rawson, serán donados a un centro público de saludo o alguna entidad de beneficencia.
Ambas no poseen antecedentes penales y ahora durante un año y medio deberán presentarse semestralmente ante la Oficina Judicial de Rawson para certificar que no se ausentaron de la zona, además de mantener pautas de conducta. Además, cada una de ellas deberá pagar 20.000 pesos para la compra de esos elementos.
Conducta “grave”
La jueza de garantías Karina Breckle consideró como “grave” la conducta de las imputadas por “haber puesto en riesgo la libertad de las personas”.
La figura de “suspensión de juicio a prueba” es una posibilidad que contempla el Código Procesal Penal del Chubut, cuando se reúnen determinadas condiciones como, por ejemplo, tipo de delito o antecedentes penales de los imputados.
Para su aplicación mediante la homologación de un juez de garantías, deber existir acuerdo entre los acusadores –Ministerio Público Fiscal- y la defensa de los imputados, este caso representado por los defensores, Romano Cominetti, (defensor particular) y Pablo Sánchez (Defensa Pública). En la audiencia, la Fiscalía de Rawson estuvo representada por la procuradora fiscal Eugenia Domínguez.
La denuncia por falso testimonio, contra Evans y Di Rico, fue realizada por el fiscal general Omar Rodriguez, que tiene a cargo la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública. En una audiencia con el fin de apartar a los dos fiscales de la investigación, ambas mujeres declararon bajo juramento de decir la verdad. Fue en una audiencia de “recusación” contra Rodriguez y Williams. Se comprobó que mintieron al describir la conducta de los fiscales en un allanamiento y por ello fueron procesadas por el juez Gustavo Castro por el delito de “falso testimonio”.
Falso testimonio
Los abogados defensores de los imputados en la causa del Ministerio de Educación, habían recusado a los fiscales Williams y Rodriguez por su presencia presuntamente irregular al momento de allanarse oficinas del Ministerio de Educación. Contaron con el testimonio mendaz de las dos mujeres con intenciones de apartarlos del caso.
“La falsedad está guiada por la intención de (Evans) de favorecer la situación procesal de Graciela Cigudosa, con quien tiene relación de amistad y de dependencia por anteriores y actual relación laboral, además del vínculo de pareja con la hija de la nombrada”, dijo en su momento Rodriguez en su denuncia contra las dos mujeres.
Los fiscales también destacaron el interés de ambas testigos de favorecer la situación de Care, toda vez que Di Rico es una empleada que está a su cargo en el Ministerio de Educación y que además es amiga de la esposa del imputado.
En la causa principal de los sobreprecios en las contrataciones, dos imputados resultaron sobreseídos, tres se sometieron a la probation y reconocieron los hechos. Resta aún el juicio oral y público para otros imputados, entre ellos Graciela Cigudoza y Raúl Care, ex funcionarios del Ministerio de Educación.
