Alrededor de medio centenar de familiares se autoconvocaron este martes frente al Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba para pedir por una “rápida investigación, el esclarecimiento y justicia” por la muerte sospechosa de al menos cinco bebés nacidos sanos en ese centro asistencial provincial, en tanto fue rechazado el pedido del Gobierno para ser querellante en la causa.
Por otra parte, dirigentes y legisladores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) de Córdoba se solidarizaron con las familias afectadas y solicitaron la “renuncia del ministro de Salud” Diego Cardozo y del plantel directivo del centro médico público y que se designen nuevas autoridades que no dependan de esa cartera sanitaria.
Cuando los familiares ya prácticamente habían dado por concluida la protesta, apareció imprevistamente en escena el legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) y arengó a los presentes para ingresar al interior del hospital, a lo que algunos accedieron y llegaron hasta el despacho del nuevo director, Esteban Ruffín, a quien increparon exigiéndole “respuestas” por las muertes que se investigan.
García Moritán manifestó a los medios que estaba con otra actividad en Córdoba y que llegó hasta el centro asistencial para “acompañar y respaldar en el reclamo” a los familiares de las víctimas, mientras que otra franja de los manifestantes lo acusaron de “oportunista”.
Ruffín respondió, a los que habían ingresado a su despacho, que toda la documentación y antecedentes de los casos “están en manos de la Justicia para la investigación”, y que por lo tanto no tenía respuestas sobre cómo ocurrieron las muertes de los bebés, tal como lo exigían.
Vanesa Cáceres, que ofició de vocera de las familias que se concentraron frente al centro de salud, donde se había montado un fuerte operativo de seguridad, dijo a los medios que se movilizaron para pedir que “por favor se investigue a todos los responsables” por las muertes de los bebés.
“Desde aquí tendríamos que haber salido con nuestros hijos vivos. Hoy tendríamos que estar en nuestras casas con nuestros bebés, sin embargo tuvimos que salir a pelear por ellos para saber qué pasó”, expresó Vanesa, quien dio a luz a Francisco el 18 de marzo de este año y “a la hora y media de nacer sano» le informaron «que se descompensó por una arritmia y luego falleció”.
También afirmó que durante el embarazo tuvo un “control estricto” y que los estudios no evidenciaban ningún inconveniente de salud, y que se enteró por los medios que la muerte de su hijo está siendo investigada por la cartera de Salud y la Justicia como el “primer caso de muerte sospechosa”.
“Si se hubiese investigado a tiempo, se hubiese evitado la muerte de otros bebés, pero optaron por el encubrimiento”, cuestionó la mujer, que además dijo que el lunes fue citada a declarar.
De acuerdo a fuentes judiciales, el fiscal de instrucción Raúl Garzón, que está a cargo de la causa, rechazó el pedido del Gobierno provincial que había solicitado ser parte querellante en la causa, que se encuentra con secreto de sumario.
Antes de que se conociera esta resolución negativa al pedido del Gobierno, Vanesa había manifestado que era “una burla” ese pedido porque el Estado “es parte cómplice y de los que tienen que dar explicaciones».
«Ni siquiera nos llamaron para darnos respuestas”, reprochó.
Entre otras madres también participó de la convocatoria Florencia, quien manifestó que su hermana estaba embarazada de 33 semanas y que por «desatención y estado de abandono» su bebé murió en la madrugada del 4 de setiembre del año pasado.
Durante la manifestación, los participantes criticaron severamente la gestión del gobernador Juan Schiaretti y del ministro de Salud Cardozo, al sindicarlos como los “principales responsables” de los decesos.
Hasta el momento, suman alrededor de una decena los testimonios y denuncias por las “muertes sospechosas” de bebés nacidos sanos en ese centro de salud estatal y esta mañana se sumó la voz de Carolina, la madre de un bebé que nació en perfectas condiciones el 23 de abril y, al igual que el resto de los casos, se descompensó de manera repentina y falleció.
El senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Mario Negri y Rodrigo de Loredo, entre otros parlamentarios y dirigentes de Juntos por el Cambio de Córdoba, realizaron una conferencia de prensa y dieron a conocer un pronunciamiento en el que exigen la renuncia del ministro Cardozo y de las autoridades del Hospital Materno Neonatal.
También se manifestaron en desacuerdo con la designación del fiscal Garzón, a cargo de la causa, al entender que “existiendo una investigación de dos meses como caso aislado, la investigación se remite a un fiscal que recién conoce de los hechos hace unos pocos días, y que para colmo no sería su distrito de actuación”.
La conferencia de prensa se realizó en un hotel céntrico, en donde el senador Juez manifestó su “rechazo” a las pretensiones del Gobierno de constituirse como querellante en la causa, al considerar que “es el principal responsable y tiene que dar respuestas en la Justicia”.
También exigió al gobernador Juan Schiaretti que pida la “inmediata renuncia al ministro Cardozo” al entender que es “responsable del encubrimiento” que rodea a todo lo que sucedió en el hospital provincial porque “no investigó como corresponde desde el primer momento”.
Mientras tanto, en el documento elaborado conjuntamente, ante estos eventos, se preguntaron “¿dónde estaba el Comité de Vigilancia de Mortalidad Infantil creado en Córdoba? y ¿qué acciones se harán en el futuro para no repetir el ocultamiento de información más bochornosa e inmoral de la historia política de Córdoba?”.
Finalmente exigieron “justicia” por la atrocidad de los hechos y que se actúe para evitar nuevos decesos.
La investigación
La investigación judicial, que tomó estado público el jueves de la semana pasada, se encuentra en manos del fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio pasados.
De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos de ellos el 6 de junio de este año.
La cartera de Salud realizó la denuncia judicial el 7 de julio y, según el ministro Cardozo, se solicitó a la Justicia investigar 11 defunciones ocurridas en esos cuatro meses.
Mientras tanto, el fiscal Garzón comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron.
El fiscal también comenzó a receptar testimonios de las familias damnificadas por la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, que son dos de las varias líneas de hipótesis que trabaja el funcionario en la investigación.
