El defensor público de Rawson, Omar López, fue imputado la mañana del jueves por la presunta comisión del delito de “desobediencia a la autoridad” por negarse a identificar en un control policial en Arroyo Verde.
El caso sobre el cual se realizó la audiencia sucedió el mediodía del 22 de marzo en el puesto caminero de Arroyo Verde donde la policía realizaba un control de prevención en el ingreso de vehículos y personas a la provincia. Cuando pararon a una camioneta Ford Ranger, la policía identificó a dos de los ocupantes, quienes le exhibieron la documentación de la camioneta, cédula y seguro; el conductor fue identificado como David Figueroa y el acompañante como Luis Avilés, quien fue segundo jefe de la Policía de Chubut y actualmente ejerce como abogado; pero la tercera persona, que se encontraba en el asiento trasero, dijo llamarse Omar López pero no quiso entregar su documento de identidad manifestando que el oficial no estaba facultado a exigirle exhibirlo.
El oficial, según indica la denuncia, le manifestó que debe acreditar su identidad es necesario que aporte su DNI para verificar cualquier pedido de secuestros y/o detenciones. “López se mostró alterado, manifestando que, como abogado y funcionario de la Magistratura no tenía que acreditar su identidad y que era obligación del oficial conocerlo, refiriéndole al oficial “anda a estudiar”, según consta en el pedido de apertura de investigación. Luego de unos minutos, intercedió Avilés y le manifestó al oficial: “Mire, la cortamos acá” y se retiraron de lugar. La situación fue informada a la Unidad Regional, quienes interceptaron a la camioneta y finalmente lograron identificar al tercer ocupante, resultando ser el defensor público Omar López.
La causa tramita bajo la presunta comisión del delito de “desobediencia a la autoridad”, reprimida por el artículo 239 “con prisión de quince días a un año, el que se resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Ante la oposición del defensor particular Alfredo Pérez Galimberti, la jueza dispuso tomarse el plazo de ley a los fines de resolver sobre la apertura formal de investigación.
