La jueza Mirta del Valle Moreno habilitó este martes 2 de agosto del corriente, en el tercer piso del edifico de tribunales de Trelew, la apertura de investigación preparatoria en una causa que investiga un presunto hecho de abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente con una menor de edad. Dicho delito además se tipifica en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, mediante amenazas y violencia, agravado por la situación de convivencia preexistente con un menor de edad en la modalidad de delito continuado.
Acusación
De acuerdo con lo manifestado por el funcionario de la fiscalía, Rubén Kohler, acompañado por el abogado Joaquín González, el primer hecho ocurrió en fecha no precisada con exactitud pero que data cuando el menor tenía 7 años de edad. El imputado, conociendo la edad de la víctima y la relación asimétrica de poder entre ambos, más la situación de convivencia preexistente, en ausencia de la madre, condujo a la víctima a la morada de la progenitora del imputado y allí concretó un primer abuso.
El segundo hecho que se investiga ocurrió en fecha que no puede ser precisada con exactitud, pero también cuando la víctima tenía 7 años en el 2016 y hasta aproximadamente el año 2022, y fue en dos ocasiones que mediante amenazas accedió carnalmente a la víctima.
De acuerdo lo narrado, el MPF solicitó prisión preventiva por seis meses, por entender que existen riesgos procesales, argumentando que el imputado ya cuente con otra causa por violencia contra la madre de la víctima y que la expectativa de pena en este caso sería de 8 años como mínimo hasta un máximo de 20, de ejecución efectiva.
Causas anteriores
A su turno, el asesor de menores, Pablo Rey, coincidió con la gravedad del hecho que se investiga, refirió también la causa en el fuero de familia que tiene el imputado, manifestando que es razonable el pedido de la fiscalía.
Luego de ello el defensor público Javier Allende indicó que, en relación a los hechos no tiene nada que objetar, sin perjuicio de lo que puede pasar en la etapa preparatoria, pero sí se opuso a la medida de coerción, sostuvo que se podría evaluar el arresto domiciliario en la vivienda de alguien que se haga responsable. Manifestó que su asistido no tiene domicilio de acuerdo a su situación de pobreza. Refiere que no existen indicios de peligro de fuga ni entorpecimiento.
Finalmente, la magistrada autorizó la apertura de investigación preparatoria por el plazo legal y conforme a la calificación escogida por el MPF y además ordenó la prisión preventiva tal por el plazo de 6 meses.
