Los abogados del argentino Facundo Molares Schoenfeld convocaron este martes a una conferencia de prensa para el miércoles próximo luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) suspendiera el pedido de extradición de su defendido, quien integró las FARC y desde febrero se encuentra detenido en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.
MolaresSchoenfeld, de 46 años, es hijo de un exjuez de Paz de Trevelin, en oeste de Chubut, y vivió en esta provincia durante muchos años. De hecho, estaba en esa localidad de Chubut en noviembre del año pasado cuando fue detenido por a Policía Federal, acusado en Colombia del secuestro de un concejal colombiano del municipio de Garzón-Huila, en 2009.
Los letrados se notificaron de la resolución de la JEP el último viernes, aunque la suspensión del traslado judicial tiene fecha del miércoles 6 de julio, y anunciaron que el miércoles 13 de julio a las 9:30 informarán novedades del caso desde la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), ubicado en Piedras 730 del barrio porteño de San Telmo.
Con el pedido de extradición suspendido, los defensores de Molares Schoenfeld insistirán en el reclamo de su «inmediata liberación» en una rueda de prensa conjunta en la que se presentarán junto a abogados colombianos y organismos de derechos humanos, según adelantaron en un comunicado.
La JEP es el tribunal especializado que interviene en los procesos judiciales enmarcados por el conflicto armado de Colombia.
El miércoles 6, la jueza de la sala de amnistía o indulto de la JEP Diana María Vega Laguna reconoció la competencia de ese tribunal sobre los delitos que se le imputan a Molares Schoenfeld («secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo», entre otros) y ordenó suspender el proceso de extradición.
En paralelo, instruyó a varias carteras del Estado colombiano iniciar los procedimientos consulares, gestiones judiciales y administrativas para que el argentino «suscriba al régimen de condicionalidad y de aporte a la verdad» que establece el tribunal.
En su resolución de 20 fojas a la que tuvo acceso Télam, la jueza Vega Laguna dispuso que el imputado responda una serie de preguntas desde su lugar de detención para que, una vez que complete esa requisitoria, «suscriba el régimen de condicionalidad» y se le conceda «la libertad condicional o previsional» mientras «se resuelve de fondo su situación jurídica ante la JEP».
